El Ayuntamiento de Zaragoza ha calculado ya la incidencia que tienen los retrasos en la gestión de el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) por parte del Gobierno de Aragón. Y, durante el año 2014, el impacto de otorgar ayudas de urgencia a las familias que no han recibido respuesta del Ejecutivo autonómico ha sido cuantificado en algo más de 2 millones de euros. Estas cifras son solo una aproximación, pero, tanto para el área de Acción Social como para Chunta e IU, ponen de manifiesto el "agujero" que supone la gestión del llamado salario social. El teniente de alcalde del área, Roberto Fernández, desgranó ayer el balance de la gestión de los servicios sociales municipales durante el 2014, en el que se constata el incremento de demanda, con un 70% más de usuarios globales atendidos respecto al 2011.

La comisión de Acción Social de ayer, como ya es habitual, se convirtió también en un acto reivindicativo frente a las políticas sociales de la DGA. Para el equipo de Gobierno municipal, una de las causas del incremento de demanda --centrado en al concesión de las ayudas de urgencia-- es precisamente los retrasos en la concesión del salario social.

La falta de respuesta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) deja al pairo a familias --3.336 exactamente en el 2014 según el informe realizado por los técnicos municipales--. que, según la argumentación municipal, deben recurrir a las ayudas de urgencia para subsistir (no obstante, ambas ayudas no son incompatibles y se puede ser beneficiario del IAI y además recibir estas subvenciones). El área de Acción Social ha estimado que se debe destinar a estas familias un total de 2.081.754 euros, es decir, el 33% de las ayudas de urgencia totales que otorga el consistorio. Globalmente, se han concedido un total de 25.355 ayudas, destinadas a 9.971 familias.

Con esta valoración, desde el área de Acción Social del consistorio se quiere hacer patente la gestión de la DGA respecto al IAI. Según las cifras dadas por Fernández, las solicitudes realizadas a través de los servicios sociales municipales ascendieron a 5.653 frente a las 5.021 del 2013. 3.004 nuevas y 2.649 las renovaciones. Por cada 100 solicitudes, se han resuelto 34,9 peticiones, una tasa que llegó a ser, en ejercicios anteriores, del 99%. Además, indicó, la DGA solo cumple los plazos de resolución en un 5% de los casos.

Globalmente, en los centros sociales del área se tramitaron 5.904 expedientes nuevos frente a los 5.879 del año anterior. Respecto al número de intervenciones, se realizaron 65.752 intervenciones frente a las 49.756, un 32% más. Pero es en el número de usuarios donde se pone de manifiesto el espectacular incremento, no solo en el último año, sino desde el comienzo de la legislatura.

En el 2014 se atendió a 143.129 --se contabilizan los usuarios y familias--, mientras que en el 2013 fueron 104.313, un 33% menos. Y, en el 2011, a comienzos de legislatura, 84.169. Es decir, que en los últimos tres años se ha incrementado el número de beneficiarios en un 70%. "Casi se ha duplicado la carga de trabajo, tanto en expedientes como usuarios. Es muy evidente que necesitamos más personal", apuntó el edil. El concejal de CHA, Carmelo Asensio, destacó por su parte la "situación complicada" a la que la DGA está abocando a las familias.