El Gobierno de Zaragoza aprobará hoy los pliegos de condiciones para volver a sacar a concurso el servicio de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad. Lo hará después de un año paralizados por los diversos recursos que se han interpuesto en el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y con la intención de adjudicarlos antes de las próximas elecciones de mayo.
El contrato con la empresa gestora, FCC, finalizó el 31 de enero del 2017. Desde entonces ha seguido encargándose del mantenimiento de los parques y el arbolado pero sin incluir las novedades y los servicios extras por los que en su día ganó el concurso para gestionar la limpieza y el mantenimiento de las zonas verdes.
El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, explicó que estos pliegos incrementan la partida para prestar el servicio de los 10,5 millones actuales a 13,9, un 32% más, de manera que se actualiza a la realidad del momento, ya que Zaragoza ha crecido y, por lo tanto, también las zonas en las que se debe actuar. Cubero añadió que se tendrá muy en cuenta el plan especial de poda que se oferte, ante la evidente necesidad que tiene la ciudad de intervenir en su arbolado, muy debilitado.
Además, admitió que acelerarán el proceso de revisión y valoración de ofertas con el objetivo de que sea el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) el que adjudique el contrato. «No me fío de la próximas corporación, por eso queremos cerrar este tema antes de las elecciones, para asegurarnos de que se van a incluir las cláusulas sociales y las mejoras que contemplan los pliegos», explicó.
UGT, Pericas y la patronal de parques han recurrido durante el último año los pliegos. Según Cubero, se trataba de «cuestiones políticas» que no han tenido efecto porque «hemos salvado las cláusulas sociales y el resto de asuntos que ha habido que modificar eran temas administrativos y técnicos». Finalmente, y tras la última resolución del TACPA a favor del consistorio, volverá a salir a licitación la explotación del servicio de limpieza.
CLÁUSULAS
El concejal explicó que entre los aspectos que más se valorarán destacan los aspectos sociales como la presentación de un plan de conciliación, el porcentaje de trabajadores indefinidos, un plan de formación o la creación de una bolsa de empleo basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Entre las peculiaridades de estos pliegos destacan, además de las cláusulas sociales, las de género, así como la posibilidad de restringir el contrato en caso de impago de las nóminas.
Además, se incrementa hasta los 300.000 euros las sanciones en caso de una infracción muy grave. «A las empresas ya no les saldrá gratis incumplir el contrato», advirtió Cubero hace meses.
