Las Cortes de Aragón crearán una comisión de estudio sobre la descontaminación del río Gállego y los vertederos de Inquinosa tras hallarse lindano en las aguas, lo que ha provocado que durante casi dos meses se haya interrumpido el suministro a varios municipios de la cuenca. Este grupo de trabajo se constituirá después de que PP, PSOE y PAR apoyaran la propuesta presentada por el diputado de IU, Miguel Aso, quien consideró que este problema afecta "a la imagen de Aragón" y tiene consecuencias negativas sobre "la salud, la economía y los regadíos". CHA se abstuvo al considerar que la propuesta era "tibia" y aunque no se oponía, planteó la necesidad de crear una comisión de investigación para evitar que "los responsables se vayan de rositas", tal y como indicó su portavoz, José Luis Soro, quien abogó por depurar las responsabilidades políticas y las penales si las hubiera. Este recibió las críticas del diputado popular Miguel Ángel Lafuente, quien consideró que la intención de CHA era "dar un varapalo" al Gobierno actual. Lafuente también arremetió contra el diputado del PSOE, Alfonso Vicente, por denunciar "desorganización" del Ejecutivo en su gestión y defendió la importancia del papel de los técnicos, "mucho más importante que el papel de los políticos". Lafuente insistió en su papel defensivo y justificó la acción del Ejecutivo, al tiempo que indicó que la comisión deber servir "a futuro" y solicitó que no se convierta "en un ring de boxeo".
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Miguel Aso consideró que el problema es "estructural" y requiere soluciones integrales. Por ello, defendió la creación de esta comisión especial de estudio para analizar los errores cometidos y evitar que vuelvan a suceder. También se trata de responder a la solicitud de información y transparencia que formula, a su juicio, la sociedad, para que las Cortes de Aragón manden el mensaje de que ante este problema "se va a estar todo el tiempo a la búsqueda de una completa solución", independientemente de quien gobierne.
Por su parte, Joaquín Peribáñez, del PAR, ha coincidido en que la sociedad necesita "la máxima información posible" para trasladarle "tranquilidad".
En cuanto se constituya esta comisión, que estará formada por un diputado de cada grupo y a la que asistirán técnicos y expertos sobre esta cuestión, tendrá una duración de cuatro meses, tras los que se redactarán las conclusiones que se obtengan.
