David Couso, hermano de José Couso, cámara asesinado en un ataque estadounidense al hotel de Bagdad donde acogía a parte de la prensa internacional, ha asegurado que a su hermano "no lo han asesinado una vez, lo han asesinado año tras año" quienes han "torpedeado" el proceso judicial abierto.
David Couso, hermano de José Couso, cámara asesinado en un ataque estadounidense al hotel de Bagdad donde acogía a parte de la prensa internacional, ha asegurado que a su hermano "no lo han asesinado una vez, lo han asesinado año tras año" quienes han "torpedeado" el proceso judicial abierto.
Esta responsabilidad incluiría, por ejemplo, a miembros del anterior ejecutivo socialista o del Poder Judicial que se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para "torpedear" el proceso, según arrojaron informaciones de Wikileaks, o al actual gobierno por las restricciones a la llamada Jurisdicción Universal introducidas en la última reforma.
Así lo ha manifestado Couso durante su intervención en un debate sobre Justicia Universal celebrado hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza donde, entre otros, también ha participado el abogado Carlos Slepoy Prada, quien ha declarado que tras la reforma España ha pasado de ser "pionera" en la persecución de crímenes contra la Humanidad a situarse "en el furgón de cola".
Para el hermano del cámara asesinado, la reforma aprobada por el PP es una "contrarreforma ideológica" que va en la misma línea de otras como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Tasas o la ya aparcada reforma de la Ley del Aborto.
David Couso ha acusado al Gobierno de confundir "la mayoría absoluta con el absolutismo" y le ha invitado a "que cambien su bandera española por la estadounidense o la china", por las presiones de estos países a la Justicia Universal española.
A su juicio, esta actitud culmina en una sensación de "clara impunidad" porque "si te apellidas Botín o Borbón tendrás la Justicia de tu mano", al contrario que "si te apellidas Couso, García o Pérez".
No obstante, ha confirmado que tras reunirse con todos los grupos parlamentarios recabaron el compromiso de toda la oposición, en especial del PSOE, el único que contaba con los 50 diputados necesarios para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma popular para revertir la situación actual.
Con respecto al caso de su hermano, que sigue abierto después de más de 11 años tras la negativa de su instructor, el juez Santiago Pedraz, al archivo alegando la Cuarta Convención de Ginebra suscrita por España y la separación del poder judicial, ha denunciado la intromisión de miembros del PP por acusar al magistrado de "extravagante" o "juez estrella".
El último movimiento se produjo en mayo, cuando Pedraz recurrió a Euro Ius, red legal que depende de la Comisión Europea, después de que ni Estados Unidos ni la Interpol hayan cursado ninguna orden de búsqueda y captura hacia los presuntos autores del crimen.
Por tanto, según Couso, ahora toca ver si Europa "defiende los derechos de un ciudadano europeo o actúa en actitud rastrera frente a Estados Unidos".
Por su parte, Carlos Slepoy Prada, quien participó en España en los procedimientos abiertos por los genocidios cometidos en Chile, Argentina o Guatemala y que actualmente defiende a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en el caso abierto en Argentina, ha puesto como ejemplo de la degradación de la Jurisdicción Universal la actuación en lo relativo al Franquismo.
De este modo, ha calificado como "vergonzoso" que se paralizara la investigación y que se inhabilitara a su instructor, Baltasar Garzón, y que ahora se continúe con ella en Argentina, país que habría seguido la estela dejada por España tanto en este caso concreto como en la aplicación de la llamada Justicia Universal a nivel general.
Asimismo, el abogado ha incidido en la necesidad de investigar este tipo de crímenes porque, por regla general, son cometidos por poderes públicos y "los estados no se juzgan a sí mismos", incluso tras un cambio de régimen, como en el caso de España.
Ha defendido la Justicia Universal porque a pesar de que considera una "gran conquista" la existencia de instituciones como la Corte Penal Internacional, ha apuntado "deficiencias" en las mismas, como la creación de tribunales "ad hoc" para unos lugares y no para otros o por la posibilidad que tienen las grandes potencias de bloquear los procesos.
En este sentido, Slepoy Prada se ha preguntado por qué estas instituciones solo han abierto procesos contra los crímenes perpetrados en la antigua Yugoslavia o por dictadores africanos y no por los acaecidos en las dictaduras latinoamericanas, "los crímenes de Israel en Palestina" o las invasiones de Afganistán o Irak.
Por otro lado, Maite Parejo, abogada experta en Justicia Universal y letrada en los casos sobre el Tibet que había abiertos en la Audiencia Nacional, ha señalado que "da la sensación" que los requisitos que establece la reforma para continuar con los casos han sido establecidos "a la carta" para que se archivaran los más incómodos para el Gobierno.
La profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza Yolanda Gamarra ha defendido que "España tiene que seguir siendo referente en la defensa de los Derechos Humanos", porque además tiene contraídas obligaciones internacionales en este campo, pero sin crear problemas de carácter político, económico o técnico.
David Couso, hermano de José Couso, cámara asesinado en un ataque estadounidense al hotel de Bagdad donde acogía a parte de la prensa internacional, ha asegurado que a su hermano "no lo han asesinado una vez, lo han asesinado año tras año" quienes han "torpedeado" el proceso judicial abierto.
Esta responsabilidad incluiría, por ejemplo, a miembros del anterior ejecutivo socialista o del Poder Judicial que se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para "torpedear" el proceso, según arrojaron informaciones de Wikileaks, o al actual gobierno por las restricciones a la llamada Jurisdicción Universal introducidas en la última reforma.
Así lo ha manifestado Couso durante su intervención en un debate sobre Justicia Universal celebrado hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza donde, entre otros, también ha participado el abogado Carlos Slepoy Prada, quien ha declarado que tras la reforma España ha pasado de ser "pionera" en la persecución de crímenes contra la Humanidad a situarse "en el furgón de cola".
Para el hermano del cámara asesinado, la reforma aprobada por el PP es una "contrarreforma ideológica" que va en la misma línea de otras como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Tasas o la ya aparcada reforma de la Ley del Aborto.
David Couso ha acusado al Gobierno de confundir "la mayoría absoluta con el absolutismo" y le ha invitado a "que cambien su bandera española por la estadounidense o la china", por las presiones de estos países a la Justicia Universal española.
A su juicio, esta actitud culmina en una sensación de "clara impunidad" porque "si te apellidas Botín o Borbón tendrás la Justicia de tu mano", al contrario que "si te apellidas Couso, García o Pérez".
No obstante, ha confirmado que tras reunirse con todos los grupos parlamentarios recabaron el compromiso de toda la oposición, en especial del PSOE, el único que contaba con los 50 diputados necesarios para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma popular para revertir la situación actual.
Con respecto al caso de su hermano, que sigue abierto después de más de 11 años tras la negativa de su instructor, el juez Santiago Pedraz, al archivo alegando la Cuarta Convención de Ginebra suscrita por España y la separación del poder judicial, ha denunciado la intromisión de miembros del PP por acusar al magistrado de "extravagante" o "juez estrella".
El último movimiento se produjo en mayo, cuando Pedraz recurrió a Euro Ius, red legal que depende de la Comisión Europea, después de que ni Estados Unidos ni la Interpol hayan cursado ninguna orden de búsqueda y captura hacia los presuntos autores del crimen.
Por tanto, según Couso, ahora toca ver si Europa "defiende los derechos de un ciudadano europeo o actúa en actitud rastrera frente a Estados Unidos".
Por su parte, Carlos Slepoy Prada, quien participó en España en los procedimientos abiertos por los genocidios cometidos en Chile, Argentina o Guatemala y que actualmente defiende a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en el caso abierto en Argentina, ha puesto como ejemplo de la degradación de la Jurisdicción Universal la actuación en lo relativo al Franquismo.
De este modo, ha calificado como "vergonzoso" que se paralizara la investigación y que se inhabilitara a su instructor, Baltasar Garzón, y que ahora se continúe con ella en Argentina, país que habría seguido la estela dejada por España tanto en este caso concreto como en la aplicación de la llamada Justicia Universal a nivel general.
Asimismo, el abogado ha incidido en la necesidad de investigar este tipo de crímenes porque, por regla general, son cometidos por poderes públicos y "los estados no se juzgan a sí mismos", incluso tras un cambio de régimen, como en el caso de España.
Ha defendido la Justicia Universal porque a pesar de que considera una "gran conquista" la existencia de instituciones como la Corte Penal Internacional, ha apuntado "deficiencias" en las mismas, como la creación de tribunales "ad hoc" para unos lugares y no para otros o por la posibilidad que tienen las grandes potencias de bloquear los procesos.
En este sentido, Slepoy Prada se ha preguntado por qué estas instituciones solo han abierto procesos contra los crímenes perpetrados en la antigua Yugoslavia o por dictadores africanos y no por los acaecidos en las dictaduras latinoamericanas, "los crímenes de Israel en Palestina" o las invasiones de Afganistán o Irak.
Por otro lado, Maite Parejo, abogada experta en Justicia Universal y letrada en los casos sobre el Tibet que había abiertos en la Audiencia Nacional, ha señalado que "da la sensación" que los requisitos que establece la reforma para continuar con los casos han sido establecidos "a la carta" para que se archivaran los más incómodos para el Gobierno.
La profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza Yolanda Gamarra ha defendido que "España tiene que seguir siendo referente en la defensa de los Derechos Humanos", porque además tiene contraídas obligaciones internacionales en este campo, pero sin crear problemas de carácter político, económico o técnico.
quienes han "torpedeado" el proceso judicial abierto.
Esta responsabilidad incluiría, por ejemplo, a miembros del anterior ejecutivo socialista o del Poder Judicial que se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para "torpedear" el proceso, según arrojaron informaciones de Wikileaks, o al actual gobierno por las restricciones a la llamada Jurisdicción Universal introducidas en la última reforma.
Así lo ha manifestado Couso durante su intervención en un debate sobre Justicia Universal celebrado hoy en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza donde, entre otros, también ha participado el abogado Carlos Slepoy Prada, quien ha declarado que tras la reforma España ha pasado de ser "pionera" en la persecución de crímenes contra la Humanidad a situarse "en el furgón de cola".
Para el hermano del cámara asesinado, la reforma aprobada por el PP es una "contrarreforma ideológica" que va en la misma línea de otras como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Tasas o la ya aparcada reforma de la Ley del Aborto.
David Couso ha acusado al Gobierno de confundir "la mayoría absoluta con el absolutismo" y le ha invitado a "que cambien su bandera española por la estadounidense o la china", por las presiones de estos países a la Justicia Universal española.
A su juicio, esta actitud culmina en una sensación de "clara impunidad" porque "si te apellidas Botín o Borbón tendrás la Justicia de tu mano", al contrario que "si te apellidas Couso, García o Pérez".
No obstante, ha confirmado que tras reunirse con todos los grupos parlamentarios recabaron el compromiso de toda la oposición, en especial del PSOE, el único que contaba con los 50 diputados necesarios para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma popular para revertir la situación actual.
Con respecto al caso de su hermano, que sigue abierto después de más de 11 años tras la negativa de su instructor, el juez Santiago Pedraz, al archivo alegando la Cuarta Convención de Ginebra suscrita por España y la separación del poder judicial, ha denunciado la intromisión de miembros del PP por acusar al magistrado de "extravagante" o "juez estrella".
El último movimiento se produjo en mayo, cuando Pedraz recurrió a Euro Ius, red legal que depende de la Comisión Europea, después de que ni Estados Unidos ni la Interpol hayan cursado ninguna orden de búsqueda y captura hacia los presuntos autores del crimen.
Por tanto, según Couso, ahora toca ver si Europa "defiende los derechos de un ciudadano europeo o actúa en actitud rastrera frente a Estados Unidos".
Por su parte, Carlos Slepoy Prada, quien participó en España en los procedimientos abiertos por los genocidios cometidos en Chile, Argentina o Guatemala y que actualmente defiende a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en el caso abierto en Argentina, ha puesto como ejemplo de la degradación de la Jurisdicción Universal la actuación en lo relativo al Franquismo.
De este modo, ha calificado como "vergonzoso" que se paralizara la investigación y que se inhabilitara a su instructor, Baltasar Garzón, y que ahora se continúe con ella en Argentina, país que habría seguido la estela dejada por España tanto en este caso concreto como en la aplicación de la llamada Justicia Universal a nivel general.
Asimismo, el abogado ha incidido en la necesidad de investigar este tipo de crímenes porque, por regla general, son cometidos por poderes públicos y "los estados no se juzgan a sí mismos", incluso tras un cambio de régimen, como en el caso de España.
Ha defendido la Justicia Universal porque a pesar de que considera una "gran conquista" la existencia de instituciones como la Corte Penal Internacional, ha apuntado "deficiencias" en las mismas, como la creación de tribunales "ad hoc" para unos lugares y no para otros o por la posibilidad que tienen las grandes potencias de bloquear los procesos.
En este sentido, Slepoy Prada se ha preguntado por qué estas instituciones solo han abierto procesos contra los crímenes perpetrados en la antigua Yugoslavia o por dictadores africanos y no por los acaecidos en las dictaduras latinoamericanas, "los crímenes de Israel en Palestina" o las invasiones de Afganistán o Irak.
Por otro lado, Maite Parejo, abogada experta en Justicia Universal y letrada en los casos sobre el Tibet que había abiertos en la Audiencia Nacional, ha señalado que "da la sensación" que los requisitos que establece la reforma para continuar con los casos han sido establecidos "a la carta" para que se archivaran los más incómodos para el Gobierno.
La profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza Yolanda Gamarra ha defendido que "España tiene que seguir siendo referente en la defensa de los Derechos Humanos", porque además tiene contraídas obligaciones internacionales en este campo, pero sin crear problemas de carácter político, económico o técnico.
