La Defensora del Pueblo ha remitido una amonestación a la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza por las restricciones que lleva aplicando a los derechos de reunión y de manifestación.
El organismo, en una resolución fechada esta misma semana, recomienda a la Subdelegación que modifique el criterio que aplicó con tres comunicaciones de manifestaciones que le remitió el año pasado MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico), ante las que optó por vetar las concentraciones o modificar su trazado. En todos los casos tuvo que reblar por orden del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La Defensora del Pueblo recomienda a la Subdelegación del Gobierno que ajuste "el sentido de sus resoluciones a la doctrina del Tribunal Constitucional" y que adopte "una posición favorable al ejercicio de dicho derecho" de manifestación y de reunión.
