José Ricardo Moreno no podía creer lo que había visto. «Me quedé a cuadros», dice este vecino de Zaragoza. El pasado lunes 19 se encontró a una familia con dos menores durmiendo en un cajero en la avenida Pablo Gargallo, en La Almozara. El hombre habló con la familia. El padre, llamado Alexander, le contó que llevaban tres días durmiendo en la calle, junto con sus dos pequeños de 10 y 11 años. «Me dijo que mañana (por el martes 20) tratarían de pedir ayuda», narra Moreno, que se sintió con la obligación de dar aviso a las autoridades. Pero su respuesta le decepcionó, por lo que decidió interponer una denuncia ante la Policía Nacional.
«Llamé primero al 092 de la Policía Local pero me dijeron que no era su responsabilidad, así que llamé al servicio de menores de la DGA. Me dijeron que ellos solo atendían casos de maltrato y otras cuestiones y que no podían hacer nada. Que tampoco era su responsabilidad», recuerda. Ante la respuesta de la funcionaria, Moreno le pidió que se identificara, pero esta no accedió. Lo que hizo que el cabreo de este zaragozano fuera a más y se decidiera a denunciar. En el momento en el que acudió a la comisaría eran las 1.15 horas de la madrugada del día 20 de octubre. El denunciante aportó documentos y fotos que demostraban su relato.
«No me podía creer que con la que está cayendo permitieran que esos niños pasaran la noche en un cajero. Me parece vergonzoso que, en Zaragoza, familias con niños estén durmiendo en un cajero, y que no le importe a nadie, que no haya ninguna alternativa. Me da la impresión de que el Gobierno de Aragón no tiene un protocolo de emergencia para estos casos», denuncia Moreno.
EXCEPCIONES
Al ser consultados por este hecho, la DGA aseguró que no tienen constancia de ninguna denuncia contra ellos, pero decidieron investigar la llamada que causó el enfado de Moreno. Tras ello, confirmaron que la conversación se había dado y aclaran ahora que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) solo actúa en las situaciones «en las que se detecta que un niño o niña está en situación de abandono o maltrato por parte de los adultos encargados de su cuidado». Explican que «no existía dato alguno que hiciera pensar que los niños estaban siendo desatendidos» pues, lamentablemente, «toda la familia estaba en situación precaria». Aclaran, además, que debido a la Ley de Protección de la Infancia, desde el 2015 está prohibido separar a los hijos de sus padres por motivos socioeconómicos.
El problema es, pues, burocrático. El Gobierno de Aragón lamenta el «malentendido» pero explica que la «competencia exclusiva es municipal», es decir, el ayuntamiento. El consistorio es quien debe encargarse, siempre que tenga constancia de ello, de ofrecer alternativas habitacionales y ayudas de urgente necesidad en caso que fuera necesario, apuntan desde la DGA. Moreno volvió al cajero noches después de encontrarse con esta familia. Ya no estaban, pero no sabe que habrá sido de ellos. Aunque no fue el único que pudo conocer de cerca este dramático caso. Pedro Casanova, coordinador del proyecto Bokatas, una iniciativa que busca acompañar a las personas sin hogar, también asistió a esta familia. «Volvimos al día siguiente y ya no estaban. Nos dijeron que tenían familia en Murcia que podían ayudarles», dice Casanova. Este joven es testigo de la situación de las personas que pernoctan sobre el asfalto zaragozano. La organización a la que pertenece, Bokatas, está formada por voluntarios que salen por las noches para ofrecer comida, pero sobre todo conversación, a los sin hogar. «No es nada habitual encontrarse con familias con niños en la calle, aunque sí en viviendas muy precarias», cuenta.
