Isabel Gorbe, la persona que ha denunciado a tres exalcaldes de Teruel por el conflicto urbanístico en el barrio de Pomecia de la ciudad, ha dicho que llegará "hasta el final" por la vía penal, después de 28 años de denuncias y procesos contenciosos.

Gorbe ha explicado hoy en un encuentro con los medios de comunicación en la capital turolense los motivos que le han llevado a denunciar por la vía penal a tres exalcaldes de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), Lucía Gómez (PSOE), y Manuel Blasco (PP) -además de un concejal y un técnico- por la situación del barrio de Pomecia en la que afirma que hay decenas de viviendas ilegales en terrenos de su propiedad.

"He dado mucho tiempo para que se solucionara de otra forma, pero ya no me ha quedado otro remedio", ha dicho a los periodistas poco después de trasladar sus argumentos en una reunión a representantes de partidos políticos con representación municipal.

En los últimos 28 años ha presentado una treintena de denuncias en el Ayuntamiento y vivido otros tantos procesos contenciosos, algunos de ellos todavía abiertos.

Gorbe ha denunciado que el Ayuntamiento de Teruel ha realizado dos grandes ocupaciones de terrenos de su propiedad, en los años 1998 y 2008, que estima entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados.

Ha añadido que puede demostrar que el Ayuntamiento "ha colaborado en la construcción" de al menos doce viviendas, de las cuarenta que calcula que habrá, en lugar de establecer las multas que podrían ir de los 60.001 a los 300.000 euros.

Ha denunciado por ello un "mal uso de fondos públicos" y también por costear accesos y servicios al barrio.

Entre las irregularidades, ha dicho que el Ayuntamiento ha ocultado información, ha "alterado expedientes", ha dado nombre a los viarios, empadronado a quienes viven en esos edificios y dota de servicio de agua y alumbrado público a viviendas que tienen orden de demolición.

La denunciante ha destacado además que el Ayuntamiento no la ha convocado nunca a una reunión para estudiar una solución a este barrio, poblado por más de 200 personas, y ahora hay un problema "urbanístico y social".

Está previsto que a partir del 20 de febrero comiencen las declaraciones de los denunciados en calidad de investigados en el proceso de instrucción que se sigue del caso en Teruel.