El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado dispuestos a asumir las competencias para la regulación de las licencias VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), aunque el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Transporte, José Luis Soro, ha reclamado también buscar soluciones al sobrante de autorizaciones concedidas.

Tras la reunión de la Comisión Nacional de Transportes que puso fin a la huelga de los taxistas, que hoy operan con normalidad en las principales ciudades españoles (también en Zaragoza), Soro explicó a los medios que el acuerdo no consiste tanto en la transferencia de la regulación de las licencias VTC como en la "posibilidad" de que las comunidades que quieran, comiencen a gestionarlas.

Es el caso de Aragón, interesado en manejar la competencia, y por tanto, en hacer "un marco regulatorio propio".

Pero el consejero ha advertido sobre el excedente de autorizaciones, pues es lo que sucede en la comunidad aragonesa, donde el ratio no es un VTC por cada 30 taxis, sino de un VTC por cada 12. En Aragón hay unas 2.190 licencias de taxi y 170 de VTC, cuantía que aumentará en próximas fechas.

Porque, al auge de este tipo de licencias que se produjo en 2008 con motivo de la Exposición Internacional y a la liberalización del sector que se decretó un año después, hay que tener en cuenta las 90 autorizaciones a las que hay que dar vía libre por mandato judicial (y que se sumarán a esas 170 ya dadas). Soro, por ello, ha considerado primordial afrontar este "problema" de sobrante de autorizaciones.

El consejero confía en que la situación se aborde a partir de septiembre, cuando empiece un ciclo de reuniones técnicas.

En cuanto se limite el marco de regulación, el Gobierno y los ayuntamientos afectados, especialmente el de Zaragoza, tendrán que dialogar.

Hasta que llegue ese momento, si llega, el consistorio zaragozano, por medio de su concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha avanzado hoy que si recibe las competencias para regular las licencias VTC, utilizará el mismo decreto que Barcelona, pero adaptándolo a la capital aragonesa.

Adaptación, ha dicho, que se hará de acuerdo con el sector del taxi y con las VTC presentes en la ciudad, que "no tienen nada que ver" con las multinacionales Uber y Cabify, según sus palabras.