La paralización de una exhumación en Pomer por las «deficiencias en las bases» de las subvenciones del Gobierno de Aragón en la materia ha provocado la ira de las asociaciones memorialistas. En un duro comunicado acusaron ayer a la DGA de «incumplir» los acuerdos que alcanzaron con los familiares de las víctimas de la dictadura y de poner trabas «para llevar a cabo los trabajos con el rigor científico que se precisa».

En el fondo del problema con el que se han encontrado las diez agrupaciones firmantes está la aprobación tardía de los presupuestos del Gobierno de Aragón. La falta de tiempo material para la ejecución de las partidas, así como el cierre presupuestario del pasado mes de octubre han provocado que los expedientes se hayan tenido que tramitar a toda velocidad. El propio Ejecutivo reconoció ayer las molestias que se han generado con esta situación, pero recordó que todas ellas recibieron un aviso explicando que se iba a producir.

La Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) se ha visto afectada de forma directa por el cierre de las líneas de ayuda como consecuencia del retraso en la aplicación de las cuentas.

El organismo detalló que solicitó una primera subvención a la Diputación Provincial de Zaragoza con la finalidad de localizar las dos fosas comunes del cementerio de Pomer, donde reposan los restos de 15 asesinados por la represión fascista en el verano de 1936. La segunda fase del proyecto, es decir, la exhumación de los restos óseos una vez sean halladas las fosas comunes se iba a realizar con una serie de aportes que dependían de la dirección general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón.

El pasado lunes comenzaron los trabajos arqueológicos de localización de las dos fosas en el camposanto de la localidad. Desde Arico se denuncia que «ese mismo día» se les comunicó que el plazo de justificación de la subvención a la que optaban vencía esa jornada. Por este motivo se vieron obligados a renunciar a la solicitud «ante la imposibilidad de realizar por anticipado la justificación de un trabajo recién iniciado».

UN AÑO DE ESPERA

Arico lamentó que la situación les ha llevado a renunciar a las tareas de recuperación de los asesinados por el franquismo. «Ya hemos comunicado a los familiares la triste noticia de que, aunque las fosas sean encontradas, no se podrán exhumar los cuerpos de sus familiares», indicaron.

El coste de este tipo de operaciones es elevado. Generalmente se tiene que pagar el sueldo de varios arqueólogos y forenses, así como el coste de los materiales y el alquiler de excavadoras. La asociación Arico reconoció que ahora tendrán que esperar a la concesión de una nueva subvención en el año 2018 para hacer frente a las labores de exhumación y los correspondientes estudios antropológicos-forenses. «Una vez más, la inoperancia de la Administración autonómica deja desprotegidos a unos ciudadanos que buscan a sus familiares asesinados hace 81 años y que de resultar positivos los trabajos de localización deberán esperar un año más para recuperar los restos de sus deudos», alertaron.

El Gobierno de Aragón lamentó lo sucedido y reconoció que en las próximas semanas más asociaciones se podrán encontrar en una situación similar. Sin embargo, pidió comprensión y recordó que la línea de ayudas se abrirá nuevamente cuando se aprueben los presupuestos del próximo año.