El Gobierno aragonés aprobó ayer un decreto regulador de los alojamientos turísticos al aire libre, referido a cámping, campamentos y acampadas y cuya promulgación se debe a la necesidad de acometer cambios en tres aspectos: seguridad, calidad y protección ambiental.
Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente, José Angel Biel, quien explicó que el nuevo decreto es "más estricto" en materia de seguridad, establece "más exigencias" en cuanto a la calidad de los establecimientos e incide todavía más en los aspectos de la protección medioambiental. Los más de diez años de aplicación del decreto anterior (aprobado el 8 de mayo de 1990) aconsejaban "actualizar y adecuar" las normas reguladoras de los cámping a las exigencias turísticas.
Así pues, quedan sujetos al reglamento contenido en este decreto los cámping y las acampadas en casas rurales, y quedan excluidos los campamentos juveniles, albergues, centros y colonias de vacaciones escolares, granjas escuela y residencias análogas destinadas a alojar escolares y contingentes particulares similares, que se regulan por sus normas específicas, así como "todas" las acampadas realizadas por motivos diferentes a los turísticos.
En cuanto a la seguridad, se detallan las prohibiciones de ubicación de los cámping y se propone como requisito indispensable para su autorización que se use una metodología específica para analizar los riesgos con el fin de que el propio solicitante, a través de un estudio técnico, evalúe las condiciones del emplazamiento elegido. Otra de las novedades es que las comarcas autorizarán aperturas, modificaciones y cierres.
