El Gobierno de Aragón va a contar este año con 20 millones de euros imprevistos para sus arcas, derivados de sendas resoluciones judiciales a su favor. Una, de más de 15 millones de euros, derivada del cobro de varios ejercicios del impuesto de grandes superficies, una vez que Europa avaló el cobro de este tributo medioambiental, el pasado mes de marzo. El resto corresponde a un litigio particular por un devengo del impuesto de transmisiones patrimoniales.
El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, desveló ayer estos inesperados ingresos -únicamente la cantidad- durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón. Unos ingresos que, aunque no sean claves, sí ayudarán al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit y techo de gasto) que tiene impuestos el Gobierno de Aragón para este año. Gimeno siguió defendiendo la viabilidad de alcanzar los objetivos, pese a los malos augurios de la Intervención de la comunidad y otros indicadores, que llegaban a hablar de 66 millones de euros de déficit.
EL PLAN DE AJUSTE
La comparecencia del consejero llegó a instancias de los grupos políticos de Podemos y el PAR. En teoría tenía que versar sobre los motivos y consecuencias de la aplicación del Plan Económico Financiero (PEF) impuesto por el Estado por el incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado, que se disparó a más de 300 millones el año pasado, un 0,92% del PIB, cuando debía de ser un 0,6%.
Así, el diputado Héctor Vicente comenzó por recordar cómo, tras haber pedido la comparecencia en mayo, esta se producía ayer, si bien el retraso había tenido ciertas ventajas como haberse podido estudiar el documento, que conocieron en junio. Aparte de los ya conocidos 24,4 millones de recorte de gastos para cumplir el PEF, destacó que en su redacción, el propio Gobierno reconoce que hubo 74,6 millones de euros de gastos teóricamente imprevistos: 33 en educación, 26,6 en sanidad y 15 en conciertos educativos. Unas carencias presupuestarias que para Vicente «se conocían pero se ocultaron», y esta «decisión deliberada» provocó que se produjeran los citados recortes del PEF «que pagan los aragoneses».
Gimeno, en su réplica, le hizo ver que incluso si fuera un acto deliberado -que negó-, no salió mal parada la DGA recortando 24 millones si había gastado 74 de más.
DESVIACIÓN «RAZONABLE»
Gimeno mantuvo en cualquier caso que los 24,4 millones de ajuste son razonables en un presupuesto «de 5.000 millones», y se cubren con faltas de ejecución de partidas «que no son necesarias» porque no se gastan.
Durante el resto de su intervención deslizó una batería de cifras (todas menos las cuatro concretas que le habían ido pidiendo los grupos políticos) entre las que apuntó que también habrá más gasto del previsto en nóminas y material del Salud. Pero afirmó que es una desviación «razonable», que habrá que esperar al día 17 para conocer.
