El Gobierno de Aragón prevé remitir a las Cortes la Ley de Memoria Democrática antes del verano y con ese propósito una comisión trabaja ya en un primer borrador que será objeto, en un plazo aproximado de mes y medio, de un proceso participativo.
Según ha informado hoy el Gobierno de Aragón, ese proceso constará de reuniones con asociaciones vinculadas a la recuperación de la Memoria Histórica y también se podrá participar "online", dentro del portal de Transparencia del ejecutivo.
La Comisión la conforman miembros de la Presidencia del Gobierno de Aragón y de los departamentos de Presidencia y de Educación, Cultura y Deporte, además de otras personas conocedoras de este ámbito, según ha informado el Gobierno de Aragón.
El objetivo de la comisión es tener listo en algo más de un mes un primer documento de partida para, posteriormente y a través de este proceso participativo, recabar y dar cabida a sensibilidades y opiniones en un campo tan amplio como es el de la Memoria Democrática.
Para iniciar la elaboración de un primer texto, miembros de la Comisión han estudiado las características de la ley vigente en Navarra y el proyecto de ley pendiente de aprobar en Andalucía y se han establecido contactos con redactores y gestores del área en éstas y otras comunidades autónomas.
No obstante, la comisión trabaja desde la convicción de que es preciso elaborar una ley que atienda a la idiosincrasia particular y a las necesidades específicas de Aragón.
Tras los procesos de alegaciones y de participación pública, la intención es poder presentar un proyecto de ley a las Cortes de Aragón antes del verano, una vez superado el trámite de su paso por el Consejo de Gobierno.
El objetivo es que la ley perdure por encima de vaivenes políticos, afirman desde la Comisión, y que sea "realista y práctica" atendiendo al marco legal aragonés y de competencias, y técnica y jurídicamente aplicable para atender a su fin: fomentar y asentar en la sociedad una memoria democrática madura, inclusiva y crítica hacia cualquier forma de exclusión y violencia, a partir del compromiso con los principios de "verdad, reparación, justicia y garantía de no repetición".
El Gobierno de Aragón destaca que el derecho a acceder a la verdad contempla un abanico de medidas que el ejecutivo puede implementar para facilitar el acceso a la información por parte de interesados e investigadores, desde las exhumaciones al fomento de políticas de acceso y transparencia de la documentación que todavía puede aportar valiosa información.
La reparación, añade el Gobierno, ha de incluir cuestiones como la creación y gestión de los lugares de memoria o la implicación institucional en el reconocimiento a las víctimas y el rechazo explícito a la dictadura franquista.
Para el Ejecutivo, el principio de justicia debe acompañar todas las políticas públicas de memoria y la intención de la Ley es avanzar en todos los espacios que permitan las competencias autonómicas para lograr la revisión de la justicia franquista y la consideración de los crímenes del franquismo como delitos que no prescriben y sujetos al derecho internacional.
La ley contempla la inclusión de contenidos curriculares que expliquen los episodios de la construcción de la democracia, el acompañamiento institucional a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y un régimen sancionador que penalice, entre otros, el incumplimiento de retirada de símbolos y elementos franquistas de espacios públicos.
