Los integrantes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) iniciaron ayer la nueva legislatura de la institución votando que el reparto de sueldos será el mismo que el del pasado periodo de sesiones. Pero la intención de su presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, es que dentro de cuatro años el reparto de salarios esté «mas ajustado» a las labores que tenga encomendadas cada uno de sus diputados.

El socialista expresó durante el pleno organizativo de la institución supramunicipal que se está estudiando una nueva estructura retributiva «en función de la responsabilidad» de cada diputado. «No puede ser que haya diputados que sin tener ninguna delegación cobren unos 50 euros menos que el presidente», reconoció. Por ello, se está realizando un informe de cara a los presupuestos del 2020 en el que se analice esta cuestión

Según se confirmó durante el pleno, todos los diputados que integran la DPZ reciben un fijo de 2.800 euros como salario base. A partir de ahí reciben 226 euros por presidir comisiones informativas, ser miembro de la junta de gobierno, portavoz o por ostentar delegaciones del presidente, con un máximo de dos. Por otro lado, el presidente y la vicepresidente (fue nombrada Teresa Ladrero) obtienen un complemento que ronda los 2.300 euros. Por otro lado, los diputados cobran dietas y kilometraje, según la distancia hasta Zaragoza, que van de los 700 euros a los 1.170. En todo caso, la reforma anunciada, se quiere negociar para que ningún dirigente «sufra mermas» atendiendo a esta distribución.

En el apartado organizativo de la DPZ se fijó que los plenos se celebren el segundo miércoles de cada mes, con la excepción de agosto. Quero señaló que existen 23 dedicaciones exclusivas y cuatro parciales y que las asignaciones a los grupos políticos se mantiene en torno a 9.000 euros al mes por grupo y en 1.900 euros al mes por diputado. Sin embargo, este reparto también podría cambiar. Quero indicó que en la DPZ se hace «una fiscalización distinta a otras administraciones» pues se tratan como una subvención directa a los grupos y no como una aportación, según está establecido en la ley de bases de régimen local que se tendría que fiscalizar, aseguró.

Entre otras modificaciones que se quieren llevar a cabo está la conversión de un puesto de técnico de comunicación en técnico para la lucha contra la despoblación y de dos auxiliares de Presidencia en técnicos de transparencia y protección de datos para la Agenda 2030. «Esto supone un ahorro del 5% en las retribuciones en comparación con el mandato anterior», adelantó.