El proyecto de ley para la simplificación administrativa en Aragón, uno de los más destacados en la presente legislatura, sigue su andadura en las Cortes de Aragón con las audiencias legislativas de los actores sociales de la comunidad. Una ley que despierta casi a partes iguales críticas y alabanzas. Por un lado, sindicatos como CSIF y CCOO y organizaciones ecologistas muestran su «preocupación» por que la norma derive en una «desregulación» de los procedimientos y reclaman formar y reforzar a los empleados públicos. Por el otro, el Consejo de Cámaras de Comercio, las Cooperativas Agroalimentarias o la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), celebran la limitación de la burocracia.
Entre los sindicatos mayoritarios, UGT es el que se muestra más partidario de la ley, si bien, su secretario general, Daniel Alastuey, recordó que esta «necesitará de un largo desarrollo, de un cambio de cultura administrativa, y de la complicidad de los empleados públicos». Más crítico, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, insistió en que «teniendo en cuenta que los procedimientos son los que garantizan la legalidad y la seguridad, en ningún caso se puede relajar el cumplimiento de la legalidad y la garantía de la seguridad».
Desde Ecologistas en Acción, Paco Iturbe expresó su «perplejidad y preocupación por una ley que supone prácticamente la supresión del corpus jurídico de años en Aragón» y que, denunció, «no va a tener proceso de exposición pública». Iturbe llamó a realizar «una mayor reflexión». «Nos da bastante miedo que esta ley se convierta en una ley de obstaculización de lo público», dijo. Jesús Maestro, desde la organización ecologista, afirmó que la norma pretende «desregular e ir para atrás en lo público», y afirmó que «el silencio administrativo positivo es un coladero».
"Llega tarde"
Para CSIF, la ley «llega tarde». Mónica de Cristóbal reclamó formación para los empleados públicos y que las cuestiones que les atañen, como el teletrabajo o la digitalización, «se analicen en las correspondientes mesas de negociación».
El silencio administrativo positivo es, por el contrario, una de las novedades que más destacan desde la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (Famcp). Su presidente, Luis Zubieta pidió que se pueda aplicar también a la administración local. Desde el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, ven «fundamental» simplificar trámites. Paz Montenegro aseguró que la ley llega en el momento oportuno, «en una situación global donde las empresas necesitan la mayor agilidad posible para sacar sus negocios adelante». Las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón también reciben de buen grado la ley. Su portavoz, Pilar Nogueras, exigió «la digitalización urgente» del Registro de Cooperativas de Aragón.
Desde las organizaciones agrarias, José Manuel Roche, de la Unión de Pequeños Agricultores, afirmó que la norma supone «un gran avance», y pidió que vaya «más allá de los aspectos puramente tecnológicos». Desde UAGA recordaron que el covid ha demostrado ya que la simplificación burocrática es posible, y en Asaja reivindicaron que el texto del proyecto de ley «sea claro» y haya el menor margen de interpretación posible.
Por último, desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Lucio de la Cruz aseguró que el proyecto incorpora «avances positivos», pero anunció que introducirán algunos matices «para que no se atraviese la línea roja que supone menoscabar la seguridad de los ciudadanos».
