Educadores del Centro de Observación y Acogida (COA) estudian acciones legales contra el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, por si las declaraciones en las que afirmaba que las empresas que concurren a gestionar los Centros de Menores aceptan los pliegos podrían ser constitutivas de delito.

En una nota de prensa, los educadores hacen alusión a las declaraciones realizadas ayer por Oliván en las que afirmaba además que en marzo se había llegado a un acuerdo entre las entidades que gestionan dichos centros y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) o las que efectuó el 2 de octubre en las que aseguraba que la modificación de la cuantía económica de los contratos "se negoció con ellas".

Para este colectivo son unas declaraciones en las que "podría quedar comprometido el principio de libre concurrencia" y que podría estar relacionado con el hecho de que tanto para el COA como para la Residencia Villacampa "tan solo se haya presentado una única entidad al concurso", la misma que lo gestiona en la actualidad, como son la Fundación para la Atención Integral al Menor en el primer caso y la fundación Federico Ozanam, en el segundo.

Creen asimismo que podría verse comprometida la supuesta responsabilidad social de las fundaciones FAIM y Ozanam tanto antes de la publicación de los pliegos como por su postura una vez conocidas las condiciones del mismo, ya que Oliván reconocía que ambas estaban "de acuerdo con el recorte presupuestario" y, según los educadores, con "la precarización a la atención a los menores y laboral que suponen los presentes pliegos".

"Algo que entendemos que a los gerentes de ambas fundaciones les será difícil de explicar tanto a sus patronatos como a sus socios colaboradores", agregan las fuentes.

Como protesta a la situación de los centros de menores, el próximo sábado 8 de noviembre los educadores del COA, de Ozanam y la Plataforma Educadores en defensa de la dignidad de los niños y niñas protegidos en Aragón han convocado una manifestación conjunta.

Además, hoy se han concentrado ante la sede del Gobierno de Aragón educadores del COA y de la Residencia Villacampa y de pisos tutelados, en respuesta a las declaraciones del consejero, quien afirmaba que solo era el personal de uno de los centros afectados por el actual concurso el que no estaba de acuerdo con el contenido de los pliegos de condiciones que lo regulan.