Alberto Badules, propietario de varias instalaciones ganaderas en Manchones, en la comarca de Daroca, acusó ayer al alcalde de la localidad, en el juicio que sigue contra este por prevaricación y otros delitos en la Audiencia de Zaragoza, de que en el 2008 le impidió ampliar una granja avícola a las puertas del pueblo exclusivamente "por enemistad" hacia él y su familia. Y ello pese a que la nueva obra había recibido el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

Sin embargo, el regidor, Jesús Pardillos (PAR), que se expone a un máximo de ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación, negó que existiera enemistad por su parte hacia la familia Badules y subrayó que solo actuó "en beneficio" de la localidad y que no concedió la licencia de obras porque la futura instalación no cumplía la normativa urbanística en materia de distancias.

En el mismo juicio, donde se ventilan además los delitos de presunto tráfico de influencias y falsedad en documento oficial, se sientan como imputados también el secretario de la corporación, Jesús Javier Ayala, y el teniente de alcalde, Florentín Hernández. Para este la fiscala pide siete años de inhabilitación, mientras que el secretario se expone a un máximo de 10 años de inhabilitación y seis de cárcel, según la petición de la acusación particular, ejercida por Miguel Ángel Lanaspa.

Este letrado señaló que los plenos que condujeron a la suspensión de licencias estaban plagados de irregularidades y recordó que la justicia contencioso-administrativo ha dado ya tres veces la razón a los propietarios de las granjas. La defensa fue ejercida por Santiago Palazón, Julián Carmona y José Manuel Marraco.

CAUSA-EFECTO El gabinete que asesora urbanísticamente a la comarca de Daroca recomendó al ayuntamiento que suspendiera la concesión de licencias en sus proximidades hasta tanto no estuviera listo el plan general de ordenación urbana.

De hecho, el técnico urbanista de este despacho señaló que existía "una relación de causa-efecto" entre la solicitud de ampliación de la granja avícola y el hecho de que el ayuntamiento acelerara los trámites para dotarse de una herramienta de ordenación, así como que la medida afectaba directamente al otorgamiento de licencias previamente solicitadas.

Una testigo de 83 años cambió ayer su declaración inicial. En la instrucción dijo que el alcalde y el secretario le habían presentado unas hojas en blanco para que firmara en lo que resultó ser una denuncia contra los Badules por invadir sus tierras al hacer obras. Sin embargo, ayer manifestó que ella decidió denunciar libremente.

Lanaspa afirmó que el consistorio no actuó con tantas exigencias cuando otra vecina, emparentada con el alcalde (que posee una casa rural), solicitó una licencia para una instalación de paint-ball y la obtuvo de inmediato. Pero un técnico declaró que este negocio no había entrañado obras ni cambios urbanísticos.

Y un concejal que primero se opuso a la licencia y en otro pleno votó a favor manifestó que consideraba que el informe favorable del Inaga estaba por encima del parecer municipal. Además, dijo que el alcalde no actuó por animadversión a los hermanos Badules.