El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en un auto de este mes obliga al Gobierno de Aragón a convocar las oposiciones que están pendientes del año 2011. Lo hace después de estudiar las alegaciones presentadas por la asociación para la defensa del empleo público contra una sentencia del propio TSJA en la que precisamente se anualaba esa convocatoria. Ahora rectifica y pone plazo al Ejecutivo para que haga pública la oferta y que además incluya las plazas pendientes del 2010.
El auto admite la posibilidad de que la Administración apruebe un único Decreto complementario que incluya dicha oferta de empleo conjuntamente con la de 2011, procediendo así a una ejecución conjunta de las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón objeto de los respectivos incidentes de ejecución forzosa, según explicaron ayer desde la asociación.
Con este último pronunciamiento judicial, concluye esta fase de intervención de los tribunales en garantía de la ejecución de las sentencias, correspondiendo ahora al Gobierno de Aragón dar cumplimiento a las dos sentencias que, hasta la fecha, no había querido llevar a efecto. Ahora la asociación va a dirigirse a todas las instituciones de la comunidad autónoma de Aragón para informar de las resoluciones judiciales dictadas, y señalar la obligación que compete al Gobiernode aprobar, en el plazo de seis meses, las correspondientes ofertas de empleo público que vengan a corregir la vulneración del derecho de acceso declarada por los tribunales.
Hay que recordar que como consecuencia de los recursos promovidos por esta asociación en defensa del derecho de acceso a la función pública las tesis de este colectivo fueron estimadas por los tribunales, dando lugar ya a la sentencia de 29 de octubre del 2010, del Tribunal Supremo, por la que se anuló la oferta de empleo para el 2007.
