Las víctimas de la estafa vinculada a la recaudación de fondos para luchar contra el cáncer infantil ya no se callan. Ayer mismo, varias de las trabajadoras de Linceci anunciaron la presentación de demandas contra los cabecillas de esta organización con el propósito de ver resarcidos los daños que esta situación les ha provocado, no solo desde el punto de vista laboral sino también reputacional.
Nieves y Laura son dos de las cinco comerciales que ayer se acercaron hasta la comisaría de Policía de la avenida de Valencia, en Zaragoza, para tramitar la correspondiente denuncia. «Vamos a presentar una demanda por daños y perjuicios porque nosotras somos las que dábamos la cara por la organización y sus responsables se han valido de nuestra imagen para cometer una estafa», apuntó ayer a este diario Laura, que ahora afronta un vacío laboral con 53 años y sin perspectivas de futuro.
Una vez en la comisaría, a estas dos extrabajadoras les remitieron a la Jefatura Superior de Policía, ya que el asunto está siendo investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), por lo que en los próximos días serán citadas, según comentaron ellas mismas. Al parecer, otro grupo de compañeras ya habrían sido llamadas para declarar en el curso de la investigación por la estafa. Quien hoy va a declarar ante la Policía en calidad de investigado es José Luis G. G., el representante legal de Bomberos Unidos Gestión Pymes S. L, empresa que captaba donativos para supuestas víctimas de catástrofes naturales a través del call center del Actur. Es el sexto investigado en esta causa.
Pero ellas no son las únicas que iniciarán la batalla contra los cerebros de la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci). Algunos ayuntamientos de la provincia de Zaragoza que fueron víctimas de la estafa al aportar donativos, como Quinto y Pedrola, aseguraron a este diario que tienen intención de personarse en la causa. Sus alcaldes, Jesús Morales y Felipe Egido, respectivamente, quieren resarcirse del daño moral, apuntaron.
Pilar, otra de las comerciales, también tiene previsto presentar una demanda. De hecho, ya se ha puesto en contacto con una organización sindical para analizar su situación e interponer una denuncia. Fuentes de UGT y CCOO Aragón reconocieron ayer que han sido «varias» las empleadas afectadas por la estafa que han contactado con ellos para plantear posibles acciones legales.
Pilar, Laura y Nieves son tres de las cinco comerciales que se pateaban la calle vendiendo los artículos (lápiceros, bolígrafos, servilletas, tazas, bolsas…) de Linceci por todo tipo de establecimientos y entidades. El contrato de estas dos últimas era de cinco horas, aunque eran muchas las ocasiones en las que la jornada laboral se prolongaba, y cobraban 650 euros mensuales. Esta cifra contrasta con los hasta 800 euros que podían facturar en un día bueno de ventas.
TRATO «VEJATORIO»
Uno de los episodios del que tienen peor recuerdo es el día en que fueron despedidas, en septiembre. El cabecilla de la organización, Roberto Pérez Rodríguez, en prisión, fue quien las echó. «Nos dijo que éramos unas ladronas y unas embusteras porque lo que vendíamos apenas servía para pagar nuestro sueldo», recuerda Nieves, que añade que «siempre rehuía a Roberto porque solíamos recibir de él un trato vejatorio».
Sobre sus sospechas de que la organización fuera un fraude, Nieves señala que las comerciales «apenas estábamos en la oficina porque siempre íbamos de viaje». Recuerda que una de las ocasiones Roberto Pérez les relató que cuando iba a los hospitales de Perú -donde supuestamente iba destinado el dinero que recaudaban— «nos decía que sufría taquicardias porque era muy duro ver a los niños con cáncer así».
La organización consiguió captar desde el 2014 cinco millones de euros, un dinero que le permitía a Roberto Pérez cobrar 15.000 euros al mes y destinar otros 5.000 a su mujer, Pilar L. D. Ambos gozaban de un elevado nivel de vida, ya que poseían un total de 10 inmuebles y varios coches de gama alta.
