Ya se conocen cuáles serán las dos empresas que se encarguen de desplegar sus patinetes eléctricos por Zaragoza: Koko, que ya opera desde hace meses, y Reby Rides, junto con Novo. El empate técnico a puntos que se había producido entre diez compañías diferentes fue resuelto tras valorar el número de empleados en plantilla con algún tipo de discapacidad.

Desde el pasado mes de septiembre hasta cinco empresas ofrecen este servicio. Esta masificación llevó al ayuntamiento a tomar medidas y limitar la explotación de esta nueva forma de desplazarse. El objetivo no era otro que el de regular la movilidad compartida garantizando el derecho de los usuarios pero también de los peatones.

Las dos empresas podrán ofrecer 850 patinetes cada una, aunque, si la demanda lo exige y a medio plazo, podrán aumentarlos hasta los 1.700 por compañía.

Entre las condiciones destacaba la obligatoriedad de que el servicio llegue a todos los barrios de la ciudad. Con esta medida se quiere evitar que suceda lo mismo que con Bizi Zaragoza, que no alcanza todos los distritos de la ciudad.

Para que esto se cumpla, de las 850 unidades, la ubicación de 500 la decidirá el consistorio, de modo que la empresa solo podrá decidir dónde sitúa las 350 restantes.

El contrato será de dos años con posibilidad de otro de prórroga. La opción de cobrar una tasa por el uso de la vía pública ha sido descartada, pero las empresas tienen que pagar un canon de hasta 30.000 euros que se destinará a actividades de seguridad vial y el fomento de la movilidad sostenible.

El ayuntamiento ha dado un plazo de 15 días para que las empresas que actualmente están trabajando en la capital aragonesa retiren sus patinetes y abandonen la ciudad.

Lo que todavía está pendiente de aprobación es la ordenanza de circulación de los vehículos de uso compartido.

La propuesta del equipo del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) prevé limitar su circulación a carriles bici y calles pacificadas. Es el mismo modelo que ha puesto en práctica Madrid pero que todavía tiene que aprobarse. No obstante, la DGA también está trabajando en elaborar un texto que marque una norma a nivel nacional.