El exconsejero delegado de Plaza y exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, Carlos Escó, firmó junto con el exgerente de la plataforma logística, Ricardo García Becerril, los pagarés por valor de 8,7 millones de euros emitidos en el 2008 a favor del grupo Codesport, propiedad del constructor Agapito Iglesias, en una operación que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.
Una copia de esos cinco pagarés obra en las diligencias, ya que fue incluida como anexo en la denuncia por administración desleal y malversación que el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, presentó contra García Becerril a mediados de diciembre en el juzgado de guardia de la Ciudad de la Justicia.
El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha citado a declarar como imputado en este asunto para el próximo 24 de enero a García Becerril, inicialmente encausado por un genérico cargo de delito societario.
El instructor, ante el que Andreu ratificó la semana pasada el contenido de la denuncia, no ha tomado ninguna decisión sobre Iglesias ni sobre Escó. Este último debe comparecer el día 22 como imputado por prevaricación en el caso Conavisa, en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 7 investiga el presunto sobreprecio de 3,1 millones de euros que una filial del grupo Prainsa habría cobrado por una parte de los trabajos en la nave de Caladero.
PESQUISAS La denuncia de Plaza señala al exgerente como responsable de haber autorizado, sin consultar previamente al consejo de administración de la empresa pública, la emisión de esos cinco pagarés, que suman un total de 8.740.138 euros, como medio de abono del precio final de las naves AS-1 y AS-2. Su construcción fue adjudicada a Codesport por 14,5 millones de euros en un "contrato cerrado de ejecución de obra", aunque la facturación final ascendió a 32.339.270 euros, lo que supone un sobreprecio de 17,8 millones.
Para los actuales responsables de Plaza, ese sobreprecio carece de justificación, ya que el contrato excluía expresamente tanto las revisiones de precios como las modificaciones del acuerdo.
La denuncia de Plaza señala que no existe en las actas del consejo de administración de Plaza ninguna referencia al estudio o la aprobación de los aumentos de precio de esas obras ni, tampoco, sobre la autorización de su pago.
