El exgerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) del Jamón de Teruel Fernando Guillén ha defendido hoy en la Audiencia Provincial que los gastos con su tarjeta, para gasolina, regalos o cursos, eran propios de la gestión, "justificados" e incluidos en la memoria de actividades.

Así lo ha detallado hoy en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Teruel en el que el fiscal pide 300.000 euros para pagar de manera solidaria entre Guillén y quien fuera presidenta y vicepresidente del Consejo de 2009 a 2013, Pilar Martín y Clemente Garcés, respectivamente, y tres años de cárcel para cada uno.

Están acusados por un delito de apropiación indebida por la falta de control de gastos y compras durante esa etapa de gestión.

Guillén ha negado que hubiera una doble contabilidad y gastos excesivos y ha justificado cada uno de ellos a preguntas del fiscal: cursos de inglés para un cortador y otros de informática para personal del consejo, en gasolina para los vehículos que utilizaban los cortadores y certificadores o en algunas comidas.

"No hay ningún gasto que no estuviera justificado", ha dicho, y ha destacado que en las memorias anuales se puede comprobar que hubo "más de 600 actividades de promoción en cuatro años", entre las ellas la asistencia a ferias en España y fuera de España.

Sobre el dinero que se abonaba a personal del Consejo Regulador, que en la instrucción se han calificado como sobresueldos, ha defendido que se trataba de trabajos que realizaban trabajadores del Consejo para Promorigen fuera del horario laboral, por lo que los considera como "pagos realizados por trabajo".

El exgerente ha resaltado que Promorigen era el "brazo" de la promoción del Consejo y la partida era aprobada por el Consejo Regulador, que era el que pagaba, por lo que ha negado que se utilizara para "descapitalizar" al Consejo. Ha negado además que Promorigen estuviera en quiebra técnica.

La expresidenta del Consejo Pilar Martín ha sido la primera en declarar y ha dicho que "la gestión económica del Consejo, el día a día, era atribución del director gerente".

Ha afirmado que a su llegada a la presidencia Fernando Guillén ya era gerente del Consejo y de la filial Promorigen y que no hubo modificaciones de funciones ni de salarios.

Sobre Promorigen, ha incidido en que la había constituido la junta anterior y que al final del mandado tenían "dudas de que pudiera ser útil".

Ha negado que se "destinara dinero a fondo perdido" y ha resaltado que la filial era totalmente legal: "El día que yo cesé el libro de actas estaba en el Consejo Regulador" y, según ha resaltado, se inscribieron en el registro mercantil todas las operaciones, algo que han corroborado tanto Guillén como Garcés.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo en esa época, Clemente Garcés, se ha pronunciado en la misma línea que Martín y ha defendido la importante labor de Promorigen.

Ha dicho además que el Consejo del que formó parte tuvo que gestionar una "época muy dura" de crisis económica en la que el mayor esfuerzo fue "reducir el gasto".

Ha recordado también que el Ejecutivo autonómico tutelaba las cuentas y que había representantes de esta administración en el Consejo que no alertaron de ninguna irregularidad.

Además, ha resaltado que cuando salieron estos miembros del Consejo, Promorigen, del que él era presidente, "no estaba en situación de quiebra" y que dejaron abierta la decisión sobre su futuro al nuevo Consejo.