El derribo de una vivienda en el barrio de Castralvo (Teruel) no se pudo ejecutar ayer después de que la familia se negara a abandonar el edificio cuando los agentes de la Policía Local acudieron a ejecutar la sentencia. «No había otra opción de momento para poder pararlo» dijo el dueño de la vivienda, Rubén Aguilar, que se había encaramado al tejado, mientras que otros familiares y amigos estaban en el interior de la vivienda y en los accesos para intentar evitarlo.
Aguilar es consciente de que ha ganado algo de tiempo pero ahora se pondrá en contacto con abogados para saber cómo actuar.
La orden de derribo responde a una sentencia judicial tras un conflicto que comenzó en el 2007 cuando un vecino denunció la vivienda por haberse construido de manera ilegal, pero Aguilar lamentó que hay muchas viviendas ilegales pero solo se ha actuado en esta al haber una denuncia de por medio. Para Aguilar, esta situación responde a la mala gestión urbanística del ayuntamiento, que se rige por un Plan General de Ordenación Urbana de 1985 que ha facilitado este tipo de construcciones.
Ante la imposibilidad de ejecutar la sentencia, la Policía Local levantó acta para trasladar al Juzgado.
La alcaldesa, Emma Buj, dijo que en Teruel hay muchas edificaciones que no fueron construidas legalmente pero «cada una de ellas tiene una circunstancia distinta».
En este caso concreto, recordó que se trata de una sentencia judicial que tiene que cumplir el ayuntamiento porque no la ha cumplido el particular.
