Ricla y Los Fayos, primeros municipios aragoneses en instalar cámaras en sus calles

Así lo desveló ayer la titular de esta institución, Carmen Sánchez, durante su discurso en los actos celebrados alrededor del cuadragésimo primer aniversario de la Constitución. La aprobación de esta medida viene después de que la comisión de Garantías de Videovigilancia (integrada, entre otros organismos, por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias) aprobara el miércoles los expedientes para que estos dos municipios comiencen a implantar esta medida.

Sobre este proyecto, Sánchez resaltó que los municipios pequeños y los afectados por la despoblación no solo necesitan prestaciones sanitarias, educativas y de servicios sociales, sino que también requieren estar y sentirse seguros. Aunque, de momento, el proyecto se implantará en estas dos localidades zaragozanas, espera que se traslade más adelante a las provincias de Huesca y Teruel.

RECLAMACIÓN

De hecho, en la Diputación Provincial de Huesca ya se debatió sobre ello. El grupo del Partido Popular presentó una enmienda para invertir, a través de un plan plurianual, en la colocación de cámaras en las entradas de las localidades de menos de 250 habitantes. Desde esta formación destacaron que tendría cobertura legal, poniendo de ejemplo Cataluña, donde la comisión de control de videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia levantó el veto.

A partir de ahora ya es legal en Aragón, tal y como destacó la delegada del Gobierno en la comunidad. Resaltó que desde la institución que dirige han elaborado un marco jurídico para que los ayuntamientos que cumplan con los requisitos puedan instalar este sistema de vigilancia. Así, relató que los dispositivos se colocarán en las calles de los municipios y que la autorización y custodia de las imágenes corresponderá al subdelegado del Gobierno, José Abadía, quien solo permitirá el visionado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, destacó que este proyecto no cuenta con presupuesto, sino que desde la Delegación del Gobierno han creado el marco jurídico para permitir esta medida y que será cada ayuntamiento el que deba asumir los costes de la compra y colocación del equipo de videovigilancia.

Al respecto, afirmó que desde las localidades habían trasladado a la institución esta «necesidad», por lo que han estado trabajando «durante más de un año» para elaborar esa forma jurídica que permitiera realizar el proyecto. «Creemos que es una herramienta más que va a ayudar al control y la persecución de los delitos», sentenció. Además, aseveró que no existe «ningún problema» relativo a la privacidad, puesto que en la instalación de las cámaras se tendrá cuidado de que no enfoquen viviendas privadas, sino a viales.

«UNA NECESIDAD»

Ignacio Gutiérrez, alcalde de Ricla, una de las localidades que comenzará la instalación del sistema de videovigilancia aplaudió el anuncio. «Lo había solicitado hace mucho tiempo, es una necesidad para los municipios que no tenemos policías», recalcó.

Gutiérrez quiso dejar claro que las cámaras se colocarán en los diferentes accesos al municipio y en zonas de «interés de protección» como la iglesia o instalaciones municipales. «Lo que pretendemos es disuadir el vandalismo y la comisión de delitos mucho más graves», afirmó.

También quiso tranquilizar a sus vecinos, unos 2.850 censados, en cuanto a la privacidad. «Yo no voy a estar viendo las cámaras desde mi casa, son unas grabaciones que va a controlar la Guardia Civil mediante autorización de la Subdelegado, además tampoco van a instalarse frente a ventanas de casas de particulares», recalcó. Ahora, el ayuntamiento tendrá que valorar qué modelo de videovigilancia instalar y dotarlo del correspondiente presupuesto.