Huesca El ministerio fiscal renunció ayer a pedir una condena de prisión efectiva para un exalcalde de Grañén, Juan Antonio R. L., y otras tres personas al entender que en la falsificación documental que llevaron a cabo para conseguir el cobro de subvenciones por obras no hubo enriquecimiento ilícito. La Fiscalía y las defensas evitaron así la celebración de la vista oral en la Audiencia de Huesca al pactar un acuerdo que incluye multas de 1.620 euros y seis meses de inhabilitación para el exalcalde y el secretario municipal, y de seis meses de prisión y multa de 1.080 al ingeniero que supervisó las obras y al contratista, según señalaron ayer fuentes judiciales a la agencia Efe. E. P.
