La Fiscalía elevó ayer de dos a cuatro años y seis meses la petición de pena para el exalcalde y el exsecretario del Ayuntamiento de Mallén, Antonio Asín y Pedro Rueda, que fueron juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza por la presunta comisión de un delito de falsedad continuada. Según el ministerio público, ambos, actuando en calidad de funcionarios públicos, la nueva calificación que entrañó el agravamiento del delito, falsearon las actas de la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) de la localidad durante cinco ejercicios, entre el 2007 y el 2011. Asín se halla inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos durante siete años tras ser condenado por prevaricación en el 2014.

Las supuestas irregularidades fueron de tipo formal y no afectaron a las cuantías reflejadas en las cuentas de la entidad mercantil, que es de carácter municipal y se halla en proceso de concurso de acreedores, con una deuda superior a los tres millones de euros.

Los acusados atribuyeron las irregularidades en actas, certificaciones y reuniones a «errores» involuntarios que fueron subsanados y que no conllevaron «la alteración de ningún número». Asimismo, indicaron que firmaban en unos documentos que eran tramitados por las gestorías del ayuntamiento, por lo que los fallos podían deberse a ciertos «automatismos» en los que incurrían al no ser expertos en Derecho mercantil.

REUNIÓN INEXISTENTE

El acusador particular José María Viladés intervino en nombre del Partido Popular en Mallén, que denunció los hechos, y se adhirió a la petición fiscal. El letrado subrayó que, en varias ocasiones, no se celebraron las juntas generales necesarias para la aprobación de las actas de la sociedad municipal, «pese a estar certificadas por el presidente del consejo de administración», cargo ejercido por el alcalde, «y el secretario».

Sin embargo, el abogado defensor, Enrique Trebolle, que pidió la absolución, consideró que la elevación de pena carece de base en la jurisprudencia y genera indefensión. «¿Se agravan las penas para buscar un culpable a cualquier precio?», preguntó. El letrado aseguró que los fallos formales, algunos de los cuales «han prescrito» desde su punto de vista, fueron debidamente subsanados. Además, argumentó que había una «falta de potencialidad lesiva en terceros», como lo demuestra que «no haya habido reclamaciones».

Marta Pardo, la concejala del PP en Mallén que denunció las presuntas irregularidades, señaló que se dio cuenta de que las cuentas del 2011, «que no estaban aprobadas», se habían presentado en el Registro Mercantil como si cumplieran todos los requisitos. «Se certificó una reunión de la junta general que no había existido», manifestó. Ese descubrimiento la llevó a investigar en los balances de otros ejercicios en los que también halló posibles irregularidades.

UNANIMIDAD O MAYORÍA

Los asesores de la SUM aseguraron, sin embargo, que, en el caso de las cuentas del 2011, se trataba de un «error subsanable», pero la fiscala mantuvo durante la vista que se trató de «una irregularidad que se trató de tapar totalmente» con falsas certificaciones.

Uno de los gestores que llevaron las cuentas de la Sociedad Urbanística Municipal declaró como testigo que el alcalde comunicaba que estas se habían aprobado «por unanimidad» Algunos expertos señalaron que, siendo una sociedad con un único socio, las decisiones tenían carácter unánime aunque se aprobaran por mayoría absoluta, una sutileza jurídica que consumió una buena parte del juicio.