La Fiscalía General del Estado y el Gobierno socialista garantizaron ayer por separado que se exigirán todas las responsabilidades penales y políticas de caso Yak-42 . El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó que se investigue un posible delito de "falsedad documental" en la identificación de los cadáveres de las víctimas del accidente aéreo. Y Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, emplazó al Congreso a dirimir qué responsabilidades políticas le corresponden al anterior ministro de Defensa, el popular Federico Trillo, y a su equipo.

A propuesta del actual titular de Defensa, José Bono, el Consejo de Ministros ordenó ayer el anunciado "pase a las situación de reserva" de los generales José Antonio Beltrán y Vicente Carlos Navarro, tal y como ya anunció este diario días atrás. Ambos firmaron la errónea identificación de al menos 22 de las 30 víctimas que analizaron, en apenas tres horas, el 28 de mayo del 2003 en Trebisonda (Turquía). Pero ésta no fue la única mala noticia que ayer recibieron estos generales, ascendidos por Trillo tras esa apresurada identificación.

Conde-Pumpido anunció en La Coruña que ha dado instrucciones al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para que apoye la apertura de las diligencias reclamadas por la asociación que agrupa al grueso de los familiares de la víctimas del Yak-42. El fiscal general presentó esta investigación como una "muestra de apoyo" a las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente. Su propósito, dijo, es "esclarecer los hechos".

El próximo lunes, la sección cuarta de la sala penal de la Audiencia celebrará una vista para revisar el archivo de las denuncias presentadas por estas familias contra los anteriores responsables de Defensa y los generales Beltrán y Navarro. Ayer, el fiscal Fungairiño aseguró que la Audiencia aún no ha recibido las pruebas de ADN que acreditan los errores cometidos en la identificación de las víctimas del Yak. El lunes, la Asociación de Familiares del Yak-42, que ayer celebró el "giro de 180 grados" que ha dado este caso, podría entregar a la fiscalía copias de los exámenes de ADN.

INVESTIGACION OFICIAL El Ejecutivo, por su parte, anunció ayer que no dará por cerrado el caso Yak-42 hasta que lo aclare en todos sus extremos. Fernández de la Vega aseguró que sigue abierta la investigación oficial y que, en cuanto acabe, el Gobierno "solicitará un pleno extraordinario del Congreso" para exponer las conclusiones a las que llegue.

Como el ministro Bono, la vicepresidenta primera sostuvo que en este escándalo hay "responsabilidades políticas" del anterior Gobierno, aunque no citó al exministro Trillo. Lo que sí hizo fue anunciar que el Congreso deberá determinar y exigir las responsabilidades políticas de este escándalo.