La Capitanía Marítima de Alicante, dependiente del Ministerio de Fomento, ha rechazado la orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza para embarcar el velero Governador, el yate matriculado a nombre de Pulsar, la empresa de las hijas del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, con el que este surcaba el Mediterráneo desde el puerto deportivo de Salou.
El instructor de la pieza principal del caso Plaza, el magistrado José Ignacio Martínez, emitió hace unas semanas una prohibición de disponer sobre la embarcación para impedir que su propietario pudiera enajenarla y que, en caso de venta, pudiera ser inscrito el nuevo dueño.
Sin embargo, la Capitanía Marítima de Alicante ha respondido al juzgado que no puede materializar el embargo ya que carece de la documentación que acredite en qué provincia está matriculado.
El Governador se ha convertido en uno de los personajes emblemáticos del caso Plaza. Fue adquirido el 1 de marzo del 2007 como Corcho III por Pulsar, la guardería-consultoría sospechosa de ser un brazo recaudador de mordidas de la trama corrupta de Plaza, por 45.240 euros --39.000 de principal y 6.240 de IVA-- a una vecina de Alcocebre (Castellón) en una operación en la que la Brigada de Blanqueo sospecha que García Becerril --al que los investigadores señalan como el verdadero beneficiario del barco-- utilizó dinero negro.
Y este mismo cerró a primeros de septiembre del año pasado, cuando todavía no hacía un mes que había sido detenido en la redada inicial del caso Plaza, su venta a un vecino de A Coruña por 37.510 euros --31.000 de principal y 6.510 de IVA--, poco más de la mitad del precio al que se cotiza una embarcación de esas características en el mercado de segunda mano.
Al comprador le llamó la atención la prisa que García Becerril tenía por deshacerse de la embarcación y el bajo precio al que lo ofrecía.
CANTERO Por otro lado, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha ratificado la orden de embargo de las cuentas bancarias del empresario Miguel Cantero Molés, uno de los 17 imputados en la pieza principal del caso Plaza.
Por último, los exgerentes de la UTE liderada por Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, han recurrido la negativa del juez a entregarles los ordenadores y otros artículos informáticos que intervino la Policía en los registros posteriores a su detención el pasado 14 de agosto.
Al recurso de los imputados se ha adherido García Becerril, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que muestra su oposición a una medida de ese tipo.
El ministerio público considera "un contrasentido el realizar una copia íntegra del contenido de todos los equipos informáticos incautados y que se entregara de forma generalizada".
