El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, descargó en varios de sus subordinados las decisiones sobre las contratas del apartadero ferroviario y del movimiento de tierras del área de reserva de la plataforma logística, contratas que investiga el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, que hace unos días le interrogó como imputado. Este es el tercer asunto, junto con el caso pagarés y el caso saqueo, en el que está encartado.
Los trabajos fueron, valorados en algo más de quince millones de euros, fueron adjudicados a la UTE liderada por Acciona. La Fiscalía llevó las dos contratas al juzgado tras recibir un informe del Tribunal de Cuentas que advertía de la posible existencia de indicios de delito en su tramitación.
Ambas licitaciones fueron tramitadas mediante la fórmula del procedimiento negociado sin publicidad, en el que la empresa pública invitaba a varias empresas para que presentaran sus ofertas.
García Becerril, que aseguró desconocer por qué fue elegido ese procedimiento, anotó que fue el consejo de administración de la plataforma quien "decidió la modalidad contractual que al final se llevó a cabo", aunque aludió a la imposibilidad de cumplir unos plazos con cualquier otra fórmula.
EL EXDIRECTOR TÉCNICO
El exgerente señaló al exdirector técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez --imputado en los casos saqueo y pagarés--, como la persona que seleccionó --por encargo suyo-- a las empresas que fueron invitadas a participar en el concurso del apartadero, preparó los pliegos administrativos junto con el director jurídico de Plaza, elaboró las condiciones técnicas, estableció el presupuesto y valoró las ofertas.
También indicó que fue Pérez quien elaboró los informes técnicos, determinó el presupuesto y valoró las ofertas para el movimiento de tierras. En ambos casos --el apartadero y la zona de reserva-- hizo este último trámite, según declaró, "con absoluta independencia" y sin "ninguna intervención" del exgerente, que según su propia versión tampoco tuvo ninguna participación a la hora de establecer los criterios que debían incluir los pliegos.
Él, según declaró, trasladó esa información al consejo para que este tomara las decisiones finales, aunque "en ocasiones, cuando surgían algunas dudas", era Pérez quien exponía la situación al órgano de administración.
García Becerril aseguró que los sobres con las ofertas económicas de los licitadores eran abiertos ante notario.
