El Ayuntamiento de Zaragoza ha suspendido la contratación de carpas para celebrar la Nochevieja en los barrios rurales. Lo ha hecho después de que la concejala de Participación Ciudadana, Elena Giner, haya sido citada a declarar como investigada por un presunto caso de prevaricación ante el juez de Instrucción número 8 de Zaragoza por la contratación de carpas portátiles, como adelantó Heraldo.
El origen de esta denuncia se remonta a julio, cuando el PP presentó ante la Fiscalía una denuncia por un presunto caso de «prevaricación y fraude». Según el texto, en los últimos años se ha incrementado el número de facturas para el montaje de carpas. Desde el PP denuncian que, mientras que en el 2015 se giraron 4 por un importe de 9.693 euros, en el 2016 ascendieron a 21, por un valor de 53.531, y en el 2017 fueron 38 y por 105.974 euros. Hasta julio del 2018 ya eran 5 facturas por 15.241 euros.
El PP pone en duda que 61 contrataciones fueron a parar a un mismo empresario, Aragonesa de Carpas (Aracaparas), por un importe de 174.746 euros.
Según el PP, este volumen de facturas puede significar que se están «troceando» los contratos para eludir el control de la Intervención municipal, algo que negó la concejala, que aseguró que todas las facturas han sido fiscalizadas y cuentan con el visto bueno de Intervención. La concejala explicó que con la nueva Ley de Espectáculos Públicos muchos pabellones de barrios rurales no cumplen con la normativa, por lo que la instalación de carpas es la única alternativa viable para poder celebrar las fiestas. Explicó que son las propias alcaldías de barrios y comisiones de festejos las que deciden cómo se celebran y aseguró que desconocía los motivos por los que una misma empresa se había encargado del montaje de gran parte de las carpas, algo que investigarán.
El PP solicitó ayer su dimisión por estar «investigada», como recoge el código ético de ZeC, pero Giner aseguró que no entra en sus planes y que facilitará toda la información necesaria para que el proceso judicial siga su curso.
