El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en entredicho el decreto para la regulación de los vehículos de alquiler con conductor, los VTC, aprobado por la DGA y convalidado por las Cortes el pasado mes de marzo. El Ejecutivo pone en duda la competencia del Gobierno de Aragón para establecer la obligación de una licencia municipal, y se ha establecido un mecanismo, a través de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, para dirimir la cuestión.

La comisión acordó, según aparecía publicado ayer en el BOA, la creación de un grupo de trabajo que proponga una solución a las «discrepancias» formuladas por el Estado.

Estas, según el documento, se ciñen al artículo dos del decreto, que modifica la ley de transportes urbanos. Textualmente, el artículo dice: que «para la realización de servicios de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo, bien en la modalidad de servicio de taxi, bien en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia habilitante, otorgada por el municipio en que esté residenciado el vehículo».

Según explicaron fuentes de la DGA, tras la apertura del procedimiento de negociación iniciado en la subcomisión de conflictos de la Bilateral hay un plazo de 9 meses desde la publicación del decreto para solucionar el problema, de los que ahora restan unos seis meses. Sin embargo, al ser un procedimiento interno, fue imposible precisar más qué es lo que le parece inadecuado al Gobierno central. Parece estar más relacionado con las competencias de la DGA (en este caso, las que concede a los municipios) que con la competencia dentro del propio sector del transporte de viajeros.

DUDAS

Esta última, por su limitación en favor del taxi, fue la que alegaron Ciudadanos y el PP durante el debate en las Cortes que precedió a la aprobación del decreto. Aunque los populares acabaron por votar a favor del texto, mientras la formación naranja se opuso.

Las dudas en torno a las restricciones para las VTC no las planteó solo el partido de Albert Rivera, ya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había emitido informes en contra de este tipo de legislaciones, tanto nacionales como en otras autonomías, precisamente por la limitación del mercado.

En Aragón, en realidad, se trató más de una legislación preventiva, ya que los modelos de negocio que más conflictividad han generado en otras comunidades, como los de Uber y Cabify, apenas han tenido implantación, ni siquiera en Zaragoza. La norma aprobada no entraba en conflicto con las VTC tradicionales en Aragón, que no se conocían así, sino como coches de alquiler.

De hecho, tras haber advertido alguna asociación de la posible inconstitucionalidad del decreto que inicialmente preparaba el Gobierno de Aragón, este fue pulido y el texto final contó con el respaldo tanto del sector del taxi como de los operadores tradicionales de vehículos de alquiler con conductor en Aragón.

Según el decreto ahora cuestionado, a diferencia del taxi, estas VTC no podían contar con un sistema de geolocalización para que el clientes supiese dónde está el coche (y viceversa), y no podían ser contratados con menos de 15 minutos de antelación para un servicio, salvo en casos de emergencia, entre otras restricciones. Unas normas que buscaban seguir dejando en manos del taxi el transporte de viajeros habitual, sin competencia.

Sin embargo, no es esta limitación lo que ha motivado la discrepancia del Ejecutivo central, que ya ha puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional, a la espera de que haya una solución negociada. Sino que parece ser la necesidad de licencia municipal para ambos tipos de vehículo lo que ha despertado recelo.