Hacienda dejó ayer claro que no ha comenzado una campaña específica para exigir a padres y madres que devuelvan las desgravaciones por las donaciones otorgadas a la escuela concertada desde el 2015. La mayoría de las familias lo consignan bien en la declaración de la renta, pero hay algunas que no. Así lo aseguró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que apuntó que hay padres que se desgravan «de manera incorrecta» las cuotas que abonan a los colegios concertados.

En la mayoría de los casos, esas llamadas donaciones están dirigidas a una fundación creada por el colegio pero son, en realidad, una cuota mensual. La legislación vigente afirma que eso es una contraprestación de servicios y, por lo tanto, no es deducible. En los casos en que las familias no hacen bien el procedimiento, la Agencia Tributaria —desde hace años— revisa los datos y exige una declaración complementaria para que se devuelva esa deducción a las arcas públicas. «No se trata de una generalidad sino de actuaciones puntuales», explicaron fuentes de la Agencia Tributaria. Montero apuntó que, efectivamente, «no se ha producido ningún cambio de criterio».

La polémica surgió a raíz de una pregunta parlamentaria del grupo Ciudadanos, en la que pedía explicaciones al Gobierno «por el cambio de criterio» sobre las cuotas pagas por los padres con hijos en colegios concertados. Juan Carlos Girauta, portavoz en el Congreso de Cs, llegó a acusar al Ejecutivo socialista de «utilizar los impuestos como algo ideológico».

Mientras, la portavoz de Educación de la formación naranja, Marta Martín, reprochó al Gobierno mantener un «ataque» a la concertada y a las familias.

TRANQUILIDAD EN ARAGÓN

La ley prohíbe a los colegios concertados (que reciben financiación pública por la escolarización) exigir a los padres una contribución mensual. Las escuelas lo que hacen es llamar a esas cuotas donaciones cuando, en realidad, no lo son. Y tampoco deducibles en la declaración de la renta, como si se tratara de una aportación a cualquier oenegé. Otros colegios imputan ese pago a, por ejemplo, actividades como idiomas o talleres. Esas donaciones son las que precisamente levantan las sospechas de Hacienda.

En Aragón, Miguel Ángel Sarralde, vocal de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagon), lanzó un «mensaje de tranquilidad» a las familias. «Dentro de la federación no hemos detectado casos de revisiones particulares. De hecho, Hacienda deja claro que no ha habido un cambio de criterios. Entendemos que siguen siendo donaciones, de carácter voluntario, que luego repercuten en las fundaciones. Cumplimos con Hacienda», añadió Sarralde.

La comunidad cuenta con 80 centros de titularidad concertada y unos 4.800 alumnos cursando las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. «No vamos a valorar las intenciones, valoramos el hecho. Y lo cierto es que no hemos detectado cambios ni revisiones particulares. Algún padre ha preguntado en su colegio y se han emitido cartas desde los centros con mensajes de calma», reiteró. «Esa tranquilidad también viene respaldada por las compañías estatales», dijo.

En este sentido, las familias de la concertada defienden la «legalidad» de las donaciones realizadas porque «están dentro de todo lo que marca la ley. Son donaciones libres, voluntarias y no obligadas», insistieron.