La reapertura del acuartelamiento Sancho Ramírez como cuartel general de la División Castillejos del Ejército de Tierra ya está teniendo un importante impacto en la ciudad en numerosos aspectos, según aseguran desde el Ayuntamiento de Huesca que llega a cifrar en unos 20 millones de euros el impacto económico aparejado a los planes del Ministerio de Defensa. Esto implicará además, el crecimiento futuro de la población, así como un «fuerte incremento del consumo, implementación de tecnologías avanzadas y un notable incremento de visitas a la capital altoaragonesa por motivos laborales».

La puesta en marcha de esta instalación militar, en la que se calcula que se agruparán varios miles de efectivos, va pareja a la llegada de las familias de los soldados. Desde el consistorio, que ven como muy positivos los movimientos de los últimos meses, destacan que no se puede olvidar que en torno al cuartel «hay un importante número de trabajadores civiles» que gestionan cuestiones como suministros, seguridad, personal de guardería, cocinas o las lavanderías. «Se está creando también un importante número de puestos de trabajo civiles que se están incorporando progresivamente al cuartel», aseguraron.

En este contexto se espera un aumento del negocio inmobiliario y desde las entidades vecinales se reclama una mejora de las infraestructuras urbanas de los alrededores, pues consideran que los planes que el propio Ayuntamiento de Huesca tenía para la zona quedaron olvidados en la pandemia.

NUEVAS BRIGADAS / Cuando el cuartel se cerró en el 2017 (por la extinción de la jefatura de Tropas de Montaña), en el acuartelamiento había algo menos de 250 militares en Huesca, una cifra que en este comienzo de año ya se ha cuadruplicado. «Si en aquel momento se estimó que el impacto para la ciudad del cierre del cuartel sería de unos ocho millones de euros, hoy podemos calcular que el impacto directo e indirecto estará próximo a los 20 millones de euros», insisten.

Según los planes del ministerio de Defensa, el Sancho Ramírez centralizará en Huesca el mando de 18.000 militares. Por el momento, según destacan desde el consistorios, con el comienzo del año la instalación ha recibido el mando de las nuevas brigadas de la División Castillejos que permitirán llenar con hasta 700 soldados unos edificios que parecían condenadas a la ruina. Los primeros efectivos en instalarse en la capital altoaragonesa serán los 190 integrantes del batallón de Transmisiones que irán llegando a lo largo de esta semana.

En la actualidad, el enorme acuartelamiento (se extiende por 18 hectáreas) está afrontando los últimos trabajos para mudanza, pues el confinamiento retrasó bastante el cambio de sedes de las unidades (desde Madrid y Burgos), en particular en lo que se refiere a los procesos de adjudicación de servicios dentro de la instalación castrense.

También ha acumulado algo de retraso la construcción de pabellones y unos tinglados para el estacionamiento de los vehículos quería y el espacio que hace las veces de cantina. Para la ciudad de Huesca, la progresiva instalación de la división Castillejos supone recuperarse con creces del fuerte impacto negativo que tuvo el cierre del cuartel militar.

La unanimidad social ante estos movimientos parece garantizada. y los que ven con mejores ojos esta vuelta a la actividad son los empresarios del polígono Sepes y los vecinos de barrio del Perpetuo Socorro, uno de los más afectos por la exclusión social de la ciudad. Por el momento, desde la asociación vecinal ya destacan que se nota la nueva actividad en las calles que favorece la llegada de soldados.

ZONA DE SEGURIDAD / Sin ir más lejos, la vida cotidiana en la zona ya se ha visto alterada con la prohibición de aparcar en la calle División 52, en concreto en el tramo que se encuentra entre el paseo Ramón y Cajal y la calle San Vicente de Paúl, al considerarse nueva zona de seguridad del entorno del acuartelamiento. Unos cambios que aumentarán con la puesta en marcha del resto de unidades del edificio.

La portavoz de la entidad vecinal del barrio, Puri Broto, recordó que existen otras reivindicaciones parejas a este movimiento militar. Piden la actuación en el centro de salud del barrio, así como la renovación de muchas de las calles interiores del Perpetuo Socorro, con especial atención al saneamiento del parque Joaquín Roig. «Eran promesa que el alcalde Luis Felipe ligó a la llegada de las nuevas unidades militares».

Los vecinos no pierden la esperanza, a pesar de la crisis del coronavirus. Sobre todo gracias a la instalación de familias ligadas a los nuevos empleos, pues algunos se han comprado pisos que estaban abandonados en los edificios de viviendas que eran propiedad del propio Ministerio de Defensa. «Los nuevos vecinos pueden contribuir al desarrollo», destacan, a pesar de reconocer que no se les ha informado de forma detallada sobre la llegada de estas unidades militares.