El informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza opta por la ambigüedad y los supuestos a la hora de valorar si el consistorio debe o no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulo el plan especial de Torre Village. No dice ni sí ni no, sino que deja en manos de los grupos la decisión.

«Es una decisión que depende de su más íntima esencia del modelo y la concepción que dispongan los legítimos representantes de la ciudadanía y el modo que entienda más congruente», concluye el letrado en un informe que permite a cada formación utilizarlo en su propio beneficio, con interpretaciones para ser adaptadas a todo tipo de discursos.

Entre los supuestos y las hipótesis que analiza sí que deja claro que es bastante complicado que un recurso de casación prospere. «A ningún jurista se le oculta la dificultad de que sea admitido un recurso de casación ante el Tribunal Supremo», explica. Aunque dice que «no pocos días estamos viendo casos imposibles que son ganados y casos claros que son perdidos», por lo que, con estas afirmaciones, resulta fácil que los grupos políticos tiren de ingenio para adaptar sus discursos al texto, haciendo uso de los diversos supuestos.

El letrado va más allá y pone sobre la mesa que, además de que la «inmensa mayoría» de las resoluciones son de inadmisión, uno de los motivos que debe sopesar el pleno para acordar si presenta recurso no tiene nada que ver «con los fundamentos jurídicos», sino con las «consecuencias derivables en el plano patrimonial» que, según el supuesto del que se hable, el consistorio se expone a diferentes situaciones. Que el documento no sea concluyente facilitó la defensa de PP, PSOE y Cs a la hora de unirse para alcanzar un acuerdo por el que el ayuntamiento tendrá que recurrir la sentencia del TSJA.

Entre los argumentos que pueden utilizar las formaciones destaca, por ejemplo, que el TSJA entiende «infundadamente» que el uso dominante es el productivo-industrial para todo el grupo de usos, pero «no es así», apunta, y rechaza la conclusión en la que dice que «al menos el 51% tiene que ser de uso industrial y el 49% de usos productivos distintos. Con todo, el ayuntamiento decidió que sí recurrirá.