En el mismo día en el que el Gobierno de España anunciaba la aprobación del anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática se hizo público el informe de los expertos que asesoran al consistorio sobre el cambio de nombre de algunas calles de la ciudad por su relación con el franquismo. Y las conclusiones han «sorprendido» a los memorialistas. El documento, de 14 páginas, concluye que no procede cambiar ninguno de los once nombres que se habían planteado.

Las vías y plazas en cuestión eran Agustina Simón, Pedro Lázaro, Jorge Jordana Fuentes, Miguel Allué Salvador, Gonzalo Calamita Álvarez, Rumesindo Nasarre Ariño, Antonio de Gregorio Ricasolano, Mariano Horno Liria, Miguel Merino, Juan José Rivas Bosch y Rigoberto Domenech.

Los expertos que han elaborado el informe son M. Pilar Barranco, José Ángel Sesma y Guillermo Fatás. Su elección ya causó cierto revuelo entre algunas asociaciones memorialistas, que consideraban que la tendencia de los mismos iba a influir en las conclusiones.

«Han tratado de encajar los parámetros de la ley autonómica de Memoria Democrática a martillazos», explicaba el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón (Armha), Enrique Gómez.

De las once calles en estudio, tres ya no tienen la misma denominación. Sobre las ocho que restan, los tres expertos argumentan que, por diferentes motivos, no sería necesario cambiarlas de nomenclatura. En el caso, por ejemplo, de la calle Pedro Lázaro, en La Jota, el documento explica que han tenido en cuenta la escasa «notoriedad» del personaje honrado en cada caso, y que Lázaro no fue sino un «simple soldado». «Fue el primero de su barrio muerto en el frente, cuya calle se rotuló por petición vecinal», dice el texto. No se tiene en cuenta, por tanto, que durante mucho tiempo las calles y honores solo fueran para la mitad de los españoles. Como solución, este estudio plantea renombrar algunas vías con nombres de relevantes «olvidados» que «no han sido resarcidos» y que «sufrieron una «persecución injusta», en una posible referencia a los que sufrieron el franquismo.

CASOS LLAMATIVOS / Dos de los casos que más han sorprendido a los representantes de Armha son los de Agustina Simón y Gonzalo Calamita. La primera subrayan, era una enfermera carlista que «se negó a dar auxilio a soldados republicanos», motivo por el cual fue fusilada, y motivo por el cual, al mismo tiempo, se le honra. En el caso de Calamita, desde Armha aseguran que fue el encargado de llevar a cabo las depuraciones de profesores en la universidad. «Él mismo se ofreció a Franco», dicen desde Armha, mientras que el informe lo excusa explicando que ya era rector antes de 1936, por lo que no fue designado por el régimen.

Asimismo, el documento también justifica sus conclusiones esgrimiendo que existen reconocidos falangistas y defensores de la dictadura, como Miguel Fleta o Eva Perón, que sí tienen su nombre en el callejero de la ciudad. «Por analogía», si a estas personas a las que se homenajea por causas diferentes a su adscripción al franquismo mantienen su calle, lo mismo se debería hacer, por ejemplo, con el rector Calamita ya que hay nombres de otros rectores que perduran en las calles.

El informe también destaca que en la ciudad ya se han cambiado, desde 1978, los nombres de 56 vías, por lo que “se han satisfecho por entero, o en alto grado, las exigencias de la ley”. Además, prosigue el texto, “han quedado resueltos numerosos casos significativos y, desde luego, los más relevantes en su totalidad”. Es decir, que los nombres de los miembros destacados del franquismo o el golpe de Estado, como sería el General Mola, ya no aparecen en los mapas. Por el contrario, esta es una de las causas por las que Armha pide que se retiren los nombres de las vías que ahora se debaten, ya que eso convertiría a la ciudad en la primera en limpiar por completo el rastro de Franco de su callejero.

El documento concluye de forma curiosa con una cita de Manuel Azaña (presidente de la República) con la que los firmantes del texto piden «actuar según el espíritu» del líder republicano cuando rogó a todos, el 18 de julio de 1938, escuchar «el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón». La democracia debería pues perdonar a sus verdugos, según se extrae del informe, pero será ahora también la que decida qué hacer con estas conclusiones. Los grupos políticos se reunirán a principios de octubre para debatir sobre el texto.