El Ayuntamiento de Zaragoza celebra hoy un penúltimo pleno de legislatura en el que la izquierda municipal tratará de cerrar una de las cuestiones más relevantes que quedan pendientes antes de las elecciones como es dar una solución urgente al veto a captar más préstamos bancarios. Se trata de la revisión del plan de reducción de deuda con el que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) garantiza que se puede terminar el año por debajo del 110% del nivel de endeumiento que marca la ley, sobre los ingresos reconocidos.

La decisión supone una apuesta política para corregir la alteración en la contabilidad que ha supuesto la imposición del Ministerio de Hacienda de computar los 189 millones de la deuda del tranvía. Ahora, en la última sesión ordinaria del mandato de ZeC, se unen los votos del PSOE y de CHA para dedicar a los bancos 21 de los 25 millones de remanente de tesorería. Lo llamativo no es solo que estos tres partidos se pongan de acuerdo sino que se hace sin que se haya sometido a debate y a aprobación los 25 millones que representa ese dinero sobrante del 2018. Motivo más que suficiente para que el PP vote en contra o para que Ciudadanos (Cs) se abstenga.

LUZ VERDE A LA PLUSVALÍA

Así, saldrá aprobado in extremis y con muchas dudas al respecto en la bancada de la derecha. Fundamentalmente porque los ingresos en los que se basa son los del ejercicio anterior y en el actual habrá cambios significativos que afectarán a los ingresos ordinarios. Uno de ellos, quizá el más relevante, es el que introducirá la reforma del impuesto de plusvalía a la que el pleno también hoy dará luz verde definitiva. A mediados del mes que viene entrará en vigor una revisión de este tributo, que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que aminorará los ingresos, según los propios cálculos del consistorio, en unos seis millones de euros al año. Esa disminución en la recaudación, teniendo en cuenta que el objetivo de nivel de endeudamiento a cumplir será del 109%, puede provocar que el 31 de diciembre no se cumpla tal previsión.

Sin embargo, Zaragoza se juega algo más que satisfacer al ministerio o que captar nuevos créditos en un presupuesto que, con suerte, se aprobaría en el próximo otoño. Lo que realmente está en juego es poder acogerse al Fondo de Impulso estatal con el que pagar «unos 11 millones de euros» en sentencias condenatorias de asuntos judicializados en el pasado y que son firmes ahora. Una línea de crédito que habilita el Gobierno central y que habrá que solicitar en julio. Y ese plan de reducción de deuda será decisivo para acogerse a él.

Menos problemático será la rúbrica definitiva de la ordenanza de patinetes, o de vehículos de movilidad personal, que ya ha recibido el visto bueno de ZeC, PSOE, Cs y CHA. Solo el PP se apeó de esa unanimidad y ahora pasará por el salón de plenos con el objetivo de que, tras el periodo de exposición pública, entre en vigor a finales de mayo. Una normativa municipal con la que se pone coto a la circulación y estacionamiento, en la línea de lo aprobado en otras ciudades.

En el apartado urbanístico, el asunto más relevante es dar el visto bueno al convenio a tres bandas, con la DGA y la Cámara de Comercio, para regularizar los antiguos suelos del IFET en el Picarral. Un pacto que supone, además, trasladar 30 VPO a una parcela de la calle Juslibol, la cesión de suelo al Ejecutivo autonómico para levantar un instituto en Miralbueno, aprobar la recalificación a residencial del antiguo Tribunal de Menores de Lagasca y una reordenación en la calle Embarcadero para crear un polideportivo y ampliar la zona verde, además de ceder al consistorio la capilla de Torre Ramona.

Pero un pleno en Zaragoza no puede estar exento de tensión y más si llega precedido de una cita como las elecciones generales del pasado domingo. Se espera un debate crispado por el cambio de nombre de algunas calles. El PP presentó una moción en la que pide que solo se pueda hacer con unanimidad, Cs lo apoya y el PSOE también sumará sus votos. Y, en el público, Vox intervendrá para hablar de la retirada de nombres del franquismo de las calles de Zaragoza, un mes antes de los comicios municipales.