El portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, terció ayer en la polémica por el uso de la prueba de la verdad en investigaciones judiciales, practicada anteayer a Miguel Carcaño para hallar el cuerpo de Marta del Castillo. Y no se posicionó precisamente a favor. "Estamos ante una prueba que puede vulnerar derechos como el de no declarar y el de la intimidad", opinó. "Yo creo que no debería admitirse si se practica contra la voluntad del procesado --como ocurrió con Antonio Losilla, que manifestó su oposición a ser el conejillo de indias de la técnica en la investigación del crimen de Ricla--, y habría que tomarla con cautela aunque se acepte".
Bosch realizó estas declaraciones ante los medios de comunicación ayer en Zaragoza, donde la asociación celebró unas Jornadas sobre Derecho Privado. El magistrado puso un "ejemplo extremo" para desaconsejar la prueba: "Un imputado puede admitir que se le torture para decir la verdad, pero no por ello se puede convalidar esta práctica en un Estado de Derecho". En cualquier caso, abogó por una regulación legal --aprovechando, por ejemplo, el nuevo Código Penal-- si se va a permitir su uso generalizado.
TIRITAS En la reunión celebrada anteayer y ayer en Zaragoza, 30 magistrados expertos en derecho civil y mercantil --entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri-- debatieron sobre los derechos del consumidor frente a los abusos, particularmente los bancarios. Sus conclusiones se basaron en la necesidad de un cambio legislativo, y se ilustran con una frase de Raquel Alastruey, de la Comisión de Derecho Privado: "Tenemos tiritas para sanar la gangrena".
Para los magistrados, las leyes, que sí les permiten juzgar negligencias médicas o arquitectónicas, no regulan de forma precisa la negligencia financiera. Han de echarle imaginación o recurrir a Europa. "Solucionamos cosas, pero podemos hacer más con leyes adecuadas", expuso Bosch.
Entre otras medidas --que remitirán a los partidos políticos--, proponen la obligatoriedad de los bancos de acudir a un sistema de mediación para renegociar el pago con los deudores "de buena fe". También campañas informativas sobre los derechos del consumidor, la limitación de los intereses de demora o la dación en pago. Apuntaron la necesidad de que los notarios tengan la obligación de erradicar los intereses abusivos al detectarlos.
Bosch destacó el "mérito" de los movimientos sociales por "poner cara" a los problemas, pero confía en que la reivindicación judicial tendrá más peso al venir de "un poder del Estado". Tampoco cree que los cambios tengan que tardar: "El legislador va un paso por detrás de la sociedad cuando quiere ir por detrás: el rescate bancario fue aprobado con celeridad".
