El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, finalizó ayer la toma de declaraciones a diez miembros del consejo de administración de Plaza. Tras escucharles, no tardó ni un minuto en firmar una providencia en la que solicitaba a la actual gerencia de la Plataforma Logística de Zaragoza que entregue los informes jurídicos que validaron la forma de adjudicación de dos contratos a la UTE Acciona-MLN.
El plazo que impone es de tres días para recibir, en concreto, los documentos en los que se apoyaron los miembros de este organismo para decir que era legal que se contratara a esta empresa mediante procedimiento negociado y sin publicidad por valor de 15,5 millones de euros.
Esta solicitud responde a las afirmaciones de todos los miembros del consejo de administración que, sin excepción alguna, dijeron que el exgerente Ricardo García Becerril, imputado también por prevaricación en esta causa, ofreció siempre explicaciones de esta operación avalado por unos informes jurídicos tanto internos como externos. Asimismo, resaltaron que sobre la mesa estaba dicha documentación, durante las reuniones en las que se aprobó que dicha UTE llevara acabo las obras del apartadero ferroviario y de la zona de reserva para futuros crecimientos del centro logístico.
Unos escritos importantes, ya que pueden llevar a que el caso no llegue al Tribunal Superior de Aragón por no ser necesario tomar declaración a los tres aforados, los exconsejeros Alfredo Boné y Alfonso Vicente, y al actual titular de Economía Francisco Bono, que representaba entonces a Ibercaja. Una decisión que los abogados de las defensas, Enrique Trebolle, Carmen Cifuentes, Jesús García Huici y Juan Monclús, esperan que se produzca antes del mes de agosto, unido con el archivo del caso.
INFORMACIÓN OCULTA Los abogados del exgerente, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, consideran que Plaza y el Gobierno de Aragón "ocultaron información hasta que un miembro del actual Ejecutivo autonómico se ha visto salpicado por una investigación judicial".
Ambos letrados señalan que una muestra de ello es que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas no recibió los contratos, memorias de los proyectos o los informes de valoración de las ofertas presentadas, dando origen a esta causa penal.
Una prueba más se produjo ayer durante la declaración del vicealcalde de Zaragoza, quien manifestó, según estos, que el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, no enseñó a la comisión ejecutiva de la plataforma las alegaciones esta hacía al Tribunal de Cuentas por las que validaba el contrato de la UTE.
