El exconcejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza Antonio Becerril ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias y a tres años de inhabilitación para empleo y cargo público.
Además el tribunal ha condenado al exconcejal a pagar una multa de 1.800 euros por un delito de negociaciones prohibidas a funcionario público y abuso en el ejercicio de su función y a pagar dos sextas partes de las costas del juicio, con jurado popular, celebrado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza entre el 17 y el 28 de marzo.
El tribunal, presidido por Alfonso Ballestín, ha condenado también al empresario Carmelo Aured a otros seis meses de prisión como autor responsable de un delito de tráfico de influencias y a abonar una sexta parte de las costas del juicio, según la sentencia a la que ha tenido acceso hoy EFE.
Por su parte, el tribunal ha absuelto al empresario Juan Carlos Esteban, inicialmente acusado de un delito de tráfico de influencias, "ante la retirada de la acusación".
En su resolución, el tribunal considera delictiva la conducta desarrollada por Carmelo Aured "por haber influido" en su amigo Antonio Becerril, como concejal socialista de Infraestructuras, con el fin de conseguir una resolución que pudiera generar un beneficio económico para terceros.
Además, considera que ambos acusados, haciendo valer su amistad, colaboraron para buscar un beneficio económico para determinadas empresas y aprovechando el cargo de Becerril para influir en los funcionarios de su área que debían informar a la Mesa de Contratación sobre las ofertas que se presentaban por las empresas que optaban a la adjudicación de distintas obras.
Con respecto al delito de negociaciones prohibidas a funcionario público del que estaba acusado el exconcejal, el tribunal estima que asesoró a terceros en materias de su competencia "comprometiendo con ello su neutralidad e imparcialidad".
La Audiencia ha absuelto a Becerril de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales al entender que no existe la "mínima solidez de la prueba en que se pretendió sustentar la acusación" en el primer caso y por no existir una prueba "mínimamente concluyente" sobre el segundo.
El pasado 1 de abril, el jurado popular absolvió a Becerril de los delitos de blanqueo de capitales y cohecho y lo declaró culpable de tráfico de influencias y abuso de ejercicio de funcionario público.
Al empresario Carmelo Aured, lo consideró también culpable de tráfico de influencias y, con respecto a ambos, se mostró "no favorable" a un posible indulto.
Las defensas de los dos acusados anticiparon ese día su intención de recurrir la sentencia dictada por el tribunal, al entender que ambos son inocentes.
