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El juez ejecuta la condena que impide al alcalde de Escucha ser candidato

Ordena a la DGA que suspenda su empleo de médico en el Salud

 

Luis Fernando Marín Herrero. -

E. B. D.E. B. D. 10/05/2007

El Juzgado de lo Penal de Teruel ha ordenado la ejecución de la condena de dos años de cárcel al alcalde y médico de Escucha y candidato del PSOE para el 27-M, Luis Fernando Marín Herrero, como autor de un delito de revelación de secretos por difundir en la campaña de las municipales del 2003 datos íntimos del alcaldable de CHA a los que había tenido acceso por haberlo tratado como paciente. La pena le inhabilita durante dos años para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; es decir, para poder ser elegido en las urnas.

Antes de conocerse la resolución del Tribunal Constitucional que confirmaba la condena, adelantada por EL PERIÓDICO el martes, la dirección del PSOE arropó a Marín Herrero y sostuvo que su candidatura era lícita porque la sentencia no estaba en ejecución. Ayer, el coordinador de campaña de los socialistas, Carlos Pérez Anadón, indicó que "habrá que estar, clarísimamente, a lo que mande la Justicia". CHA está ultimando la impugnación de la candidatura del condenado ante la Junta Electoral Central. Según fuentes jurídicas, la baja del reo en la lista debería ser subsanada con un corrimiento de candidatos, lo que haría alcaldable a José Julio García Mendoza.

El auto de ejecución, fechado el pasado 4 de mayo, ordena al Servicio Aragonés de Salud "que disponga lo necesario para la ejecución de la pena de suspensión de empleo o cargo público" durante un año que le ha sido impuesta al alcalde, al cual, paralelamente, requiere para que pague la muta de 2.160 euros que le fue impuesta --es canjeable por medio año de prisión por impago-- y para que indemnice al candidato de CHA en el 2003, Luis Bayo, con 6.000 euros por los daños morales que le provocó.

La providencia de la magistrada toma otras dos medidas. Una consiste en comunicar la condena al Registro de Penados y Rebeldes. La otra es solicitar a la Audiencia Provincial de Teruel que emita una "certificación expresiva de las fechas en que efectivamente quedaron cumplidas las penas impuestas" a Marín Herrero en 1999 por una corruptela con fondos públicos. Esta última medida tiene como objetivo reunir los antecedentes penales del candidato por si solicita la suspensión de la condena a prisión y la inhabilitación.

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