El juez Francisco Picazo ha abierto la puerta a lo que podría ser una nueva causa penal para el empresario Agapito Iglesias y el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, Carlos Escó. El informe del Grupo de Blanqueo de la Policía, como publicó EL PERIÓDICO, apuntaba a una posible evasión de capitales por parte de ambos en sus recientes viajes a Reino Unido y Ecuador, en el caso del soriano, o a Panamá, Colombia y Guatemala, en el caso del actual directivo de Telefónica.

El juez comparte este criterio y deduce testimonio del análisis policial para remitirlo al Juzgado Decano de Zaragoza, que repartirá por turno el asunto a otro juzgado de instrucción, para que este inicie la investigación de estos posibles delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Este segundo apartado derivaría, en el caso de Agapito, de la "cuantiosa actividad notarial" que registró entre marzo y abril del 2011, poco antes de que impulsara un concurso de acreedores. Una parte considerable de su patrimonio --1.227.353 euros-- fue a parar mediante donaciones, transmisiones y venta de acciones a su exesposa, sus hijos y su cuñado.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL El juez Picazo había encargado este informe para averiguar los bienes que podía embargar a tres de los cuatro imputados --los citados y el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril-- en el caso pagarés, que instruye. Dejó fuera al exdirector técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez Cervantes. Por el momento no han cubierto la responsabilidad civil de 18,6 millones de euros que les impuso solidariamente en la causa, pese a los sucesivos embargos.

La indagación patrimonial no buscaba lo que deseaban tanto la Fiscalía como la acción popular, ejercida por la letrada Irene Romea en nombre del partido UPD: averiguar dónde está el dinero del caso pagarés, derivado de los sobrecostes en la construcción de unas naves. Picazo llegó a calificar esa indagación como "diabólica", por su dificultad. La decisión sobre si la instrucción está cerrada o no está en manos de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Picazo no hace referencia en la deducción de testimonio al tercer investigado por la Policía en el informe sobre bienes, Ricardo García Becerril. El exgerente de la plataforma logística, según el documento, ganaba poco más de 100.000 euros y se desprendió de bienes inmuebles y participaciones sociales por valor de 714.464 euros. Las nuevas dueñas pasaron a ser su esposa, Elena Planté, y sus hijas Carolina y Patricia. Pero estas operaciones forman parte de la investigación del caso saqueo, en el que los cuatro componentes de la familia están ya imputados.

El informe policial también hacía referencia al tráfico de divisas por parte de Agapito Iglesias, con transmisiones de más de dos millones de euros a empresas en Nigeria, Portugal, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Pero estas no se citan en el auto específicamente como indicios de ningún tipo de delito.