Inversiones Aguina, filial de Construcciones Sagain y propiedad de Patxi Aramburu, se halla ante una paradoja judicial: una magistrada de San Sebastián le ha embargado a petición del CD La Muela, que le demandó para cobrar un pagaré de 116.000 euros por patrocinio en la campaña 2008-2009, cuatro fincas previamente trabadas por el juzgado número 1 de La Almunia en la Operación Molinos. El juez investiga en esa causa, entre otros asuntos, supuestos cohechos presuntamente cometidos por varios empresarios al financiar al equipo de fútbol del pueblo por indicación de la alcaldesa, Mariví Pinilla, a cambio de contratos y gestiones.

La defensa del empresario ha pedido varias veces al juez de La Almunia que ordenara la entrega del pagaré, para unirlo a la Operación Molinos, y que "se tuviera en cuenta el impago del mismo" a la hora de valorar si Aramburu puede ser o no acusado de cohecho.

PLEITO Tras recibir la demanda de juicio cambiario del CD La Muela, la magistrada del juzgado de Primera Instancia número 4 de San Sebastián ordenó el embargo de las cuatro fincas --dos pisos y dos plazas de aparcamiento en un edificio de la calle Casta Álvarez de Zaragoza--, además de los saldos de las cuentas de la sociedad en tres entidades --Caixa Galicia y los bancos Santander y Guipuzcoano-- y de solicitar una averiguación de bienes de la empresa.

Aguina se allanó a la demanda, con lo que los embargos se materializaron. En realidad, no pudo oponerse al no disponer de recursos económicos --sus bienes y cuentas están embargados-- y no poder acceder a la justicia gratuita por tratarse de una empresa.

Su letrado, Antxón Masse, pidió al juez de La Almunia que paralizara el proceso cambiario de San Sebastián, pero este lo desestimó "por no tener competencia para dictar resoluciones en relación a procedimientos tramitados en otro órgano judicial", aunque sí acordó remitir al abogado los folios del caso La Muela que hacen referencia al pagaré para que pudiera pedir él, en su caso, la suspensión del pleito civil.

PAPELES El instructor de la Operación Molinos, la Brigada de Blanqueo, la fiscal y el abogado del Estado sospechan que Pinilla canalizaba hacia el equipo de fútbol del pueblo mordidas de constructores y empresarios que operaban en La Muela, acciones en las que perciben indicios de cohecho.

Uno de los últimos informes remitidos por la Policía al juzgado reseña que, al registrar el despacho de la alcaldesa el día de la redada, hallaron varios ejemplares de un "contrato modelo de patrocinio" con el club en los que había anotadas referencias a obras pendientes de adjudicar como "circunvalación", "guardería" y "paseo Reina Sofía". El documento incluye varios correos electrónicos en los que Pinilla le dice a su antigua número dos, Miriam Fajardo, que no admita la recepción de una obra porque "no han pagado al fútbol".

Mensajes y documentos, concluye la Policía, "hacen patente que muchas de las contribuciones y aportaciones" al club "eran un tributo" que algunas empresas "habían de abonar para la obtención de determinados trámites o el otorgamiento de concursos públicos por parte del Ayuntamiento de La Muela".