Un mismo crimen, el de Sami Hamidi en noviembre del 2018 en la calle Princesa de Zaragoza, va a ser juzgado en dos veces y con dos legislaciones diferentes. Si los tres adolescentes que participaron en el asesinato fueron castigados con la máxima condena que contempla la ley del menor: ocho años de internamiento en un centro; ahora el único adulto que les acompañaba podría enfrentarse a los 25 años que marca el Código Penal por el delito de asesinato. Casualmente, al autor material, F. M. G. S., alias Kiko, le faltaban nueve meses para la mayoría de edad.

La Fiscalía Provincial de Zaragoza solicitó al Juzgado de Instrucción número 7 que trasformara las diligencias en procedimiento del jurado porque entienden que D. J. L. C. debe ser juzgado con un tribunal popular. La investigación realizada por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón considera que este joven de 18 años actuó como cooperador necesario. Desde su arresto, permanece en prisión provisional.

La investigación policial señala a este joven, defendido por Carmen Sánchez Herrero, en el lugar del crimen. Junto a él estaba el asesino, Joselito J. R. y Abderramán H. B., el primero en condición de cooperador necesario, y al segundo como cómplice.

La sentencia del Juzgado de Menores número 2 de Zaragoza consideró probado que F. M. G. S. provocó a Sami en la calle de Dato recordándole un incidente que había tenido con la novia de la víctima y le mostró el machete que llevaba. «¿Quieres que te apuñale?», le amenazó. Y entonces se escuchó a otro que le animaba: «¡Mátalo, mátalo!». Aunque la víctima se giró para irse dando la espalda del agresor, este «sacó el arma blanca y con gran fuerza y violencia, desde detrás, se la clavó en la parte exterior del muslo derecho», y le sorprendió sin oportunidad de defensa. La herida penetrante afectó la arteria femoral y conllevó un fuerte shock hemorrágico que provocó su muerte hacia las 6.00 horas.

Inmediatamente después de clavar el machete de 14 centímetros a Sami Hamidi, todos ellos emprendieron su huida a la carrera en dirección a la Gran Vía, reuniéndose todos ellos después en el domicilio de F. M. G. S., lugar en el que este se cambió de ropa y se deshizo del cuchillo empleado. Fue localizado y detenido por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón al día siguiente. Trató de refugiarse en Huesca, en casa de su novia.

La acusación particular, ejercida por Carlos Vela, sigue manteniendo que detrás del crimen está un rito de acceso de los Dominican Don’t Play (DDP), por lo que todavía no estaban identificados por la Brigada de Información de la Policía. Fueron absueltos por tenencia de armas.