El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha sugerido al Gobierno autonómico la elaboración de un plan «a medio plazo» con medidas estructurales que permita, de cara al futuro, la adecuada protección de los menores no acompañados (menas), «con la debida implementación de medios humanos, residenciales y económicos para ello».
Esta sugerencia surge a raíz del expediente de oficio abierto por El Justicia para conocer los aspectos que subyacen tras la polémica surgida en Navidad en dos centros de acogida en Borja (Zaragoza), por la actuación de dos menores conflictivos y el rechazo que desde distintos barrios de Zaragoza se ha manifestado ante la posibilidad de abrir centros de acogida.
De acuerdo con la información remitida por el Gobierno de Aragón, el Justicia le sugiere que «continúe» con las actuales medidas de coordinación con otras administraciones e, internamente, entre sus diversos departamentos.
En este sentido, también pide a la DGA que implemente medidas necesarias «que permitan acometer el problema desde el conjunto de las administraciones públicas estatales y autonómicas». Asimismo, solicita que se establezcan «cauces de diálogo y coordinación» con las entidades locales donde vayan a ubicarse centros residenciales de menores.
Dolado hace hincapié en la necesidad de ampliar y profundizar la formación específica para el personal que interviene con menores en Aragón. El Justicia recomienda además que se refuerce el papel de la sociedad en la acogida y atención integral a los menores y que se rechace cualquier actitud que pudiese considerarse xenófoba, o en detrimento del interés superior del menor, con independencia de su nacionalidad.
Además de los problemas de convivencia en Borja, la institución también apunta que ha recibido dos quejas sobre la misma situación y, de ahí, la emisión de su sugerencia. «Los hechos relacionados con la convivencia de los menores y su entorno están generando cierta alarma social y, por otro, pueden suponer una conculcación de los derechos de los mismos»,
LOS DATOS
En la actualidad, en Aragón hay 241 menas, de los que 186 permanecen en centros exclusivos y de acogida. De ellos, 70 son atendidos por organizaciones como Aldeas Sos, Faim, Cepaim, Ymca, Ozanam, Accem, Picarral y Ozanam Teruel, según la información recabada por el Justicia.
Dolado, dada la urgencia de la situación, informa que mantuvo una reunión con el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la jefa de Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia en Aragón. También participó en una reunión de coordinación institucional con la Delegación de Gobierno, Fiscalía, fuerzas de seguridad del Estado y el propio IASS.
En cuanto a la información remitida desde la DGA al Justicia de Aragón, el Ejecutivo esgrime que la evolución de la llegada de menores extranjeros no acompañados (menas) a Aragón «ha sufrido un notable incremento en los últimos años». Así, indica que de los cuatro expedientes de protección iniciados en el 2015 se pasó a 26 en el 2016; 40 abiertos en el 2017; y 223 a finales del 2018. «El incremento está siendo cada vez mayor, generando una situación difícil de abordar, porque no se está resolviendo con la previsión de recursos realizada en julio de 2018. El sistema se encuentra con dificultades para ofrecer plazas de autonomía para dar respuesta a los menores», indicó la DGA.
