El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha realizado una sugerencia formal a la DGA para minimizar el riesgo de un futuro brote de legionella como el que sufrió el Hospital Clínico el pasado mes de junio, que causó siete muertos y más 30 afectados. El Justicia advierte que deben intensificarse el control sobre las torres de refrigeración --origen del contagio-- e insta al Salud a sustituir este sistema de climatización por otro alternativo de menor riesgo.
Además de impulsar cambios que endurezcan la norma estatal que regula estos servicios, la DGA tiene que elaborar un decreto propio, con el fin de subsanar deficiencias.
El escrito de García Vicente da respuesta a una doble denuncia, presentada por una asociación de consumidores y por un médico especialista del Clínico. La institución solicitó información al departamento de Salud y Consumo de la DGA y el Gobierno de Aragón respondió, pero una segunda petición más específica no ha obtenido contestación.
Tras la investigación realizada, García Vicente resolvió recomendar el refuerzo y la intensificación de los controles que actualmente se efectúan sobre las torres en las que surgió la legionella. Además de contratar el mantenimiento y la vigilancia a una empresa externa, el propio hospital deberá llevar a cabo controles independientes in situ .
Considera lo más conveniente sustituir el sistema de refrigeración causante del brote --habla de cambiar toda la instalación, no sólo las dos torres en las que se detectó un exceso de bacterias-- por otro alternativo que ofrezca menos posibilidades de contaminación. En este sentido, los responsables de Salud ya anunciaron el pasado mes de noviembre que van a ensayar un nuevo mecanismo de refrigeración mediante aguas subterráneas, aunque este nuevo dispositivo no podrá estar listo hasta el próximo mes de abril.
En lo que se refiere a la normativa que marca cuándo y cómo deben revisarse este tipo de instalaciones, el Justicia sugiere a la DGA la necesidad de mejorar la situación. "Pueden exisitir algunas deficiencias como la falta de ajuste entre la periodicidad mínima establecida para que se lleven a cabo las revisiones y el periodo más reducido de incubación de la legionella", dice el informe. Atendiendo a este tipo de datos, el Justicia sugiere al Gobierno de Aragón que elabore una normativa autonómica, más eficaz y completa que la actual estatal.
