El Ministerio de Justicia ha recibido ya los datos sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en los distintos Registros de la Propiedad y está realizando las comprobaciones pertinentes para solventar «algunos errores» antes de elaborar el informe que remitirá al Congreso de los Diputados, una petición que este hizo en junio del 2017.
