No lo va a tener fácil el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para reformar un sistema de financiación que contente a todas las comunidades autónomas. Ni lo tendrá fácil Aragón para que sus propuestas se tengan en cuenta después de que ayer se anunciara la creación de un lobi formado por tres de las comunidades con mayor densidad de población del Estado: Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares.

Este frente común complica las cosas al que se constituyó el pasado mes de octubre en Oviedo y que congrega a algunas de las comunidades con problemas similares, especialmente la dispersión demográfica, el envejecimiento de sus ciudadanos y la escasa densidad de habitantes. Esa alianza reunió a Aragón con Asturias, Galicia y Castilla y León, comunidades con necesidades similares y que acordaron trazar una estrategia conjunta para que el nuevo modelo de financiación que salga esta legislatura no las deje en inferioridad de condiciones ante las que reclaman más dinero para financiar sus servicios en función de su alto número de habitantes.

AGRAVIOS Y DEFICIENCIAS La Generalitat valenciana envió ayer un comunicado en el que anunció la creación de este grupo, que remitirá a Hacienda propuestas conjuntas alternativas a los grupos de trabajo creados por el propio ministerio para hallar fórmulas que intenten repartir con equidad los fondos. Con esta alianza, las tres comunidades pretenden corregir "agravios y deficiencias injustas" que genera el modelo actual, vigente desde el 2009 y que todas las autonomías populares quieren reformar.

Las bases de partida acordadas por las tres comunidades consisten en que el nuevo modelo de financiación cubra los servicios básicos fundamentales de sanidad, educación y bienestar social en condiciones de igualdad entre las autonomías y con independencia del nivel de renta, aunque a continuación propugnan que el sistema se base en criterios de población, algo que perjudicaría a comunidades como Aragón en el que la dispersión demográfica encarece cualquier servicio público, puesto que no es lo mismo atender a mil habitantes en una vasta extensión geográfica que a cien mil concentrados en un núcleo.

Este acuerdo entre las comunidades levantinas choca con un convenio de colaboración entre Aragón y Valencia que firmaron los dos presidentes de ambas autonomías el otoño pasado en Zaragoza. Ese acuerdo, en cualquier caso, excluía cualquier pacto sobre financiación autonómica, puesto que durante la firma del pacto ya se evidenciaron las discrepancias.

Por este motivo, el Gobierno de Aragón ha iniciado un trabajo arduo con los Ejecutivos de Galicia, Castilla y León y Asturias (próximamente se podría sumar Extremadura) para elaborar documentos que puedan servir para elaborar un modelo de financiación que atienda los parámetros que todas ellas reivindican. Previsiblemente el próximo mes todas estas comunidades se volverán a reunir en Zaragoza.

Ayer mismo, el portavoz del PAR en las Cortes, Alfredo Boné, reclamó que "Aragón haga valer las singularidades recogidas en su Estatuto" y el sistema "garantice la financiación de los servicios públicos" así como que se "prime el territorio, ya que el coste de los servicios, la dispersión territorial y el envejecimiento poblacional multiplica el gasto de los servicios".