El titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza dejó ayer en libertad sin cargos a los seis mayores de edad --otros dos, menores, también fueron liberados-- que fueron detenidos anteayer en un centro social de la calle Compromiso de Caspe de la capital.
Según explicó el abogado de tres de los detenidos, Carlos Ibáñez, todos ellos, pertenecientes a dos "facciones" --el Movimiento Social Republicano y la Falange--, se negaron a declarar, y el magistrado no vio indicios de infracción en el atestado policial como para imputarles nada. Por ello, decretó la ineficacia de la detención --la dejó sin efecto-- y les dejó en libertad. El camino natural del asunto, si no hay cambios, sería su paso a otro juzgado por reparto y el archivo de las actuaciones.
Los ocho jóvenes fueron detenidos en el centro social que el Movimiento Social Republicano, de corte filonazi, instaló en el número 83 de la citada calle de Las Fuentes, anteayer por la mañana. Según informó la Policía, un vecino alertó por una pelea en el inmueble, y los agentes, sin apenas información inicial sobre el alcance de la trifulca, montaron un gran despliegue en la vía. Cortaron ambas aceras y arrestaron a los ocho presuntos implicados.
Según contaron los vecinos, unos jóvenes habían colgado, junto a la bandera constitucional de España, una con el emblema de la Falange, aunque no pudieron precisar si este fue el desencadenante de la pelea.
La Policía detuvo a los ocho jóvenes y les trasladó a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, donde algunos de ellos solicitaron el habeas corpus --una figura legal para conocer de qué se le acusa a uno y, en su caso, ponerle en libertad--, pero el juez de guardia en aquel momento la denegó, según explicó el letrado Carlos Ibáñez.
Tras pasar la noche en el calabozo, los jóvenes fueron puestos a disposición judicial imputados policialmente por riña tumultuaria, amenazas y coacciones. No por lesiones, ya que, según indicaron fuentes policiales desde el primer momento, ningún joven presentaba heridas en el momento de ser detenido.
En cualquier caso, el juez no vio suficientes indicios en el atestado para mantener ninguna imputación contra los arrestados, que tampoco fueron denunciados por el propietario del inmueble, "una persona jurídica". Por lo que no se trató de un desalojo ni fueron imputados por usurpación de inmueble.
La Asociación de Vecinos de Las Fuentes ya había pedido información sobre el movimiento que gestiona el autodenominado centro social para estudiar si podía pedir su desalojo, según fuentes del barrio.
