La celebración internacional del día en defensa de las montañas coincidió en el calendario con la caducidad de la declaración de impacto ambiental que ampara los trabajos de ampliación de la estación de esquí de Cerler por los dominios de Castanesa promovidos por Aramón (una empresa semipública) e Ibercaja. Un momento propicio para que los colectivos ecologistas que rechazan la intervención urbanística en el Pirineo aprovecharon para presentar un manifiesto firmado por 200 autoridades académicas y personas del ámbito científico, medioambiental y deportivo. Además destacaron que es «ineludible» la realización de un nuevo estudio que contemple la viabilidad de dicho proyecto «en un escenario de cambio climático acelerado en la zona».
El portavoz de la Plataforma en defensa de las Montañas, Paco Itube, recordó en un acto celebrado en el balcón de San Lázaro de Zaragoza que en la actual situación de crisis sanitaria no tiene sentido «dedicar cientos de millones» a una iniciativa basada en la especulación inmobiliaria que no tiene garantía de sostenerse en el tiempo. A estas críticas se suman personalidades de referencia como el catedrático emérito de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid y premio nacional de Medio Ambiente, Eduardo Martínez de Pisón Stampa; la presidenta del foro de Transiciones y miembro de Ecologistas en Acción, Yayo Herrero López; el catedrático de geografía de Universidad de Zaragoza, José María Cuadrat; la científica de Atapuerca, premio Príncipe de Asturias y directora Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, Gloria Cuenca Bescós; el himalayista del grupo nacional de alta montaña, Carlos Soria Fontán o el alpinista Juanito Oyarzábal.
El proyecto de construir por Castanesa una ampliación de las pistas de esquí de Cerler también ha reabierto la polémica por el impacto de estas obras en la alta montaña y por las dudas sobre las condiciones climáticas de la cordillera. «No puede ser que algo así siga adelante, pues parece que lo único que importa son los apartamentos que vienen asociados a esta infraestructura», explicó Iturbe.
Desde la entidad recordaron que el proyecto data de la primera década del siglo y se sustenta en una declaración de impacto ambiental del año 2010 (prorrogada sucesivas veces por el Gobierno aragonés y que caducó justo ayer) que no contemplaba los efectos del cambio climático «ni incluye un estudio de innivación de la zona, así como tampoco analiza adecuadamente el impacto sobre la biodiversidad especialmente sobre las especies catalogadas y mucho menos tiene en cuenta la constante reducción de las poblaciones de especies amenazadas 10 años después».
PATRIMONIO NATURAL / Los impulsores de este texto dudan sobre las verdaderas intenciones del Gobierno de Aragón, sobre todo por los derivados urbanísticos que han detectado. En este mes las obras vuelven a estar paradas a la espera de que pase el invierno, pues oficialmente solo se ha procedido al movimiento inicial de tierras para permitir los accesos a Castanesa aunque algunas fuentes creen que es suficiente para proseguir con el proyecto.
La declaración firmada por investigadores y colectivos como la Fundación Ecología y Desarrollo, termina solicitando a las administraciones políticas aragonesas que frenen «estas perversas maniobras especuladoras y garantice la integridad de este valiosísimo patrimonio natural que es la alta montaña aragonesa».
