Los jueces y fiscales de Zaragoza, siguiendo la movilización de la carrera judicial a nivel nacional, bajaron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia y de la sede la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para reivindicar mejoras laborales y exigir el respeto a su independencia y a su labor profesional.
El paro fue secundado por el 60,2% de los jueces y magistrados del territorio aragonés, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que indicó que, de un total de 153 profesionales, 92 apoyaron la jornada de huelga. Porcentualmente, el paro fue seguido por el 60,2% de los jueces y magistrados del territorios, el 56,50% en Zaragoza, el 76% en Huesca y el 76,60% en Teruel.
Las concentraciones de protesta tuvieron lugar a las 13.00 horas y en los mismos se leyó un manifiesto en el que se criticó el reciente acuerdo entre «algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
«Estos hechos se producen en el marco de una situación insostenible en la carrera judicial y fiscal, lo que ha llevado a todas las asociaciones a la huelga», leyó Beatriz Muñoz, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Entre las reclamaciones efectuadas figuran la independencia judicial, dotación de medios materiales suficientes «para poder dar una adecuada respuesta a los ciudadanos» y la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija un plazo máximo de seis meses para la instrucción de los asuntos desde la fecha de auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.
EL ESTADO DE DERECHO
Asimismo, en el manifiesto se hizo referencia a «unas cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, derechos a permisos y licencias, creación de plazas e incremento del número de jueces y fiscales». Otros puntos hacían referencia al incremento del número de jueces y fiscales y a unas condiciones laborales dignas «para los que acaban de acceder a la carrera judicial y fiscal».
«Hoy, más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el Estado de Derecho y la separación de poderes», manifestó Beatriz Muñoz en el manifiesto. «Un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido por las fuerzas políticas va a generar siempre dudas sobre la independencia de la Justicia, con el riesgo de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en última instancia, en el propio Estado de Derecho», añadió.
«El problema es que, aunque los partidos políticos reconocen que tenemos razón en nuestras reivindicaciones, ningún Gobierno nos hace caso», manifestó ayer un magistrado del TSJA que participó en la concentración en la Ciudad de la Justicia.
«Nuestros sueldos fueron rebajados en un 12% y esa pérdida no se ha resarcido», señaló el mismo juez, que aseguró que asuntos como el nombramiento de Manuel Marchena al frente del CGPJ por parte del Ejecutivo y el PP «ponen en peligro la independencia judicial».
