El alcalde de Cosuenda, Óscar Lorente, y varios vecinos de la localidad presentaron ayer en el registro del Gobierno de Aragón un documento de 650 firmas en el que se solicita a las autoridades autonómicas que den marcha atrás a la venta a un particular de la torre de la Lisalta, una torre medieval en ruinas de gran valor arquitectónico y sentimental. Además, se incluyó la petición de mantener una entrevista con la consejera de Cultura y la presidenta de Aragón para exponer la necesidad de que la Administración actúe para recobrar el monumento.
La Lisalta fue vendida hace unos meses por la DGA a un particular que tiene intención de dedicar la torre a residencia, sin que el Gobierno de Aragón ejerciera en la transacción su derecho de tanteo y retracto.
"El plan de urbanismo local prohíbe destinar a uso residencial la construcción medieval", señaló Lorente, que subrayó que, si pasado un plazo de cinco meses, el nuevo propietario no ha presentado un expediente de recuperación y rehabilitación del edificio, el ayuntamiento lo expropiará forzosamente.
El alcalde, que también prepara un informe para el Justicia, criticó con dureza el hecho de que la DGA no contara con el pueblo al efectuar la venta de la torre de la Lisalta.
